Las listas de Bono siguen creciendo

José Zambrano Moya, José Vicente Gómez Paz, Juan Antonio Pérez Fernández, José María Martínez Márquez, Román Rodríguez Rodríguez, Luis Fernández Ortiz... y así hasta completar 36 nombres.

Son los de 36 de los 89 condenados en firme durante 2002 en Castilla-La Mancha por malos tratos y cuyas víctimas aceptaron por escrito que las sentencias las divulgue el Gobierno del socialista José Bono. Esos nombres van a formar la segunda lista de Bono, que se presentará en las Cortes regionales el próximo octubre, y que ha cambiado mucho desde que el presidente manchego anunció a finales de 2002 que su intención era crear "un clima social de rechazo" a la violencia de género: ya no es una mera relación de nombres. Una iniciativa que levantó ampollas y que fue fuertemente respondida por algunos juristas, pero sobre todo por la oposición popular, aunque nunca presentó recurso contra la ley. "Era poner en la picota a quienes ya tenían una sentencia condenatoria. Pero además es que podía afectar a terceras personas, que son los hijos y familiares, y no producía un efecto preventivo", sostiene la diputada Sagrario Gutiérrez, responsable de las políticas de la mujer en el Partido Popular de Castilla-La Mancha, quien opina que la falta de apoyo obligó al PSOE a "reconducir su primera idea".

"Lo de las sentencias es lo que menos nos preocupa. Pero se publican en un informe fantástico, donde se ve el aumento tan importante de apoyo a la mujer maltratada"

"La ley es más progresista que su desarrollo. En la comunidad modélica en cuanto a respaldo de la mujer maltratada, sólo llegan al juzgado un 5 por 1.000 de los casos"

Lo que acabó instaurando la Ley de Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres Maltratadas de 2001 fue la obligación de publicar cada año un informe que recoge las actuaciones del Gobierno de la comunidad en esa materia, al final del cual se recogen las sentencias de ese año. Además, dispuso que los datos personales que aparezcan en los informes no pueden ser incluidos en ficheros, ni ser tratados, ni cedidos, como dice la Ley de Protección de Datos.

El primer informe se publicó el 22 de mayo de 2002, tras un proceso de discusión en las Cortes regionales. Entonces se publicaron 18 de las 41 sentencias condenatorias. Hoy se ha duplicado el número de víctimas que aceptan su difusión. Y se seguirán publicando por mandato legal, mientras la ley no se modifique.

"Lo de las sentencias es lo que menos nos preocupa", asegura Ángeles Álvarez, de la Red de Mujeres contra la Violencia, que abarca a varias organizaciones feministas. "Pero se publican en un informe fantástico, donde se ve el aumento tan importante de apoyo a la mujer maltratada en Castilla-La Mancha".

Porque éste es el cambio que más aprecian las organizaciones de mujeres: que el trabajo de la comunidad castellano-manchega ha ido más allá de juntar nombres. "Nos gustaría que siguiera saliendo el informe", indica Fe Sainz, de la Asociación para la Lucha contra los Malos Tratos a Mujeres de Albacete. "Uno de los datos que ofrecía el de 2001 era el aumento de denuncias en la región. Porque la violencia doméstica ni baja ni va a bajar. Pero si aumentan las cifras de denuncia, no quiere decir que hay más casos, sino que las mujeres denuncian más, porque hay un apoyo y recursos detrás".

Los datos que maneja la comunidad respecto a las denuncias han aumentado mucho: si en 1999 se denunciaron 800 casos, en 2002 fueron 1.420, y en lo que va de año están en torno a los 1.600, según asegura Francisco Pardo, consejero de Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha, del que depende la Dirección General de la Mujer.

Lucha integral

"Parte de la solución al problema de los malos tratos es hacerlo emerger", sostiene. Y, en su opinión, el acierto de la ley de 2001 es que es "la primera que promueve una lucha integral": con medidas que afectan a la vivienda, el empleo y la asesoría legal, entre otras. "Es una política prioritaria y nuestra intención es intensificar y mejorar la coordinación entre todos los departamentos, porque esto no tiene una solución sólo sectorial".

Lo cierto es que en Castilla-La Mancha la asistencia jurídica es gratuita, a través de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, así como la asistencia psicológica a las víctimas. Además, la ley obligó a instaurar centros de mujeres en los municipios de más de 5.000 habitantes -en los que se ofrece asistencia psicológica, jurídica y social- y, según las cifras de la Junta, ya cubren a un 75% de los habitantes de la comunidad castellano-manchega. Sin embargo, Gutiérrez es muy crítica: "Curiosamente, todavía no están en todos los pueblos de más de 5.000 habitantes, pero sí en aquellos con un gobierno municipal socialista", asegura. Además, sostiene que "se han convertido en células de divulgación y propaganda de la propia Junta" y, aunque reconoce que en algunos casos son muy útiles, en otros "sólo sirven de tutela para crear asociaciones de mujeres para actividades de carácter lúdico".

Otro de los logros que apunta el Gobierno de Bono es que ha bajado espectacularmente el número de mujeres que renuncian a continuar con el proceso penal. Esos datos hablan de un 38% en 2001, cuando se instauró la ley integral, y de sólo un 10% en 2002. "Esto es eficacia", opina la representante de la Red de Mujeres contra la Violencia. "Si hay menos abandonos de la mujer, es porque hay un apoyo detrás".

El consejero de Presidencia asegura que se trata de la comunidad que menos renuncias en el procedimiento penal tiene. Pero este dato no ha podido ser contrastado. Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, en 2001 hubo 1.281 retiradas de denuncia en los casos de malos tratos, pero no dispone de los datos por comunidades.

Aunque las cifras estadísticas del informe de la ley del año 2002 avala la gestión de Castilla-La Mancha, y así también lo ven las organizaciones de mujeres, según las cuales Bono es quien mejor ha hecho los deberes frente al maltrato, otras voces van más allá. Como la asociación Acción de Género, que opina que "la ley es mucho más progresista que su desarrollo", según su portavoz, José María Martínez. Una de las mayores críticas que hacen es que no hay coordinación entre la Administración regional y la justicia. "En la comunidad modélica en cuanto a respaldo de la mujer maltratada, sólo llegan al juzgado un 5 por 1.000 de los casos", dice Martínez, citando un estudio de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. "Y son sus propios datos".

Su asociación, junto a un grupo de expertos de la Universidad de Castilla-La Mancha, trabaja en un modelo de sistema documental, que permita que se recopile información de todos los sectores que "tocan el problema" y sirvan de prueba: desde los maestros de los hijos de víctimas hasta los médicos en sus consultas. "Hasta ahora se permite que el derecho a la privacidad de la víctima prime sobre su integridad. Si ella no quiere que se juzgue, puede ser maltratada sine die. Pero no es una cuestión de venganza, sino de justicia".