El Gobierno cierra indefinidamente la fábrica de Barakaldo por el vertido tóxico

El Gobierno vasco ordenó ayer el cierre de forma indefinida de la empresa de Barakaldo responsable del último vertido tóxico en el río Castaños, que obligó a hospitalizar a tres mujeres por afecciones respiratorias y a desalojar a 50 familias de un inmueble de 13 pisos. Es la primera vez desde 1994 que el Ejecutivo autónomo paraliza una fábrica en Euskadi por razones medioambientales: la afectada entonces fue la química Rontealde, también en Barakaldo, tras un escape tóxico que causó la muerte de un vecino y que ha supuesto la reciente condena de dos directivos por homicidio imprudente.

La paralización indefinida de la actividad de Plastificantes de Lutxana, cuya fábrica baracaldesa se dedica desde 1989 a elaborar productos químicos plastificantes, fue justificada por su desconocimiento del origen del vertido. "La empresa no es capaz de decir la causa cierta", aseguró ayer la directora de Aguas, Ana Oregi, pese a que las afecciones graves en los vecinos se detectaron el pasado lunes. Oregi admitió que "es extraño" tal desconocimiento de la compañía, pero el Gobierno ha constatado que hay "un origen claro y que contamina y no hay otra salida que pararles".

Representantes del Ejecutivo y del Ayuntamiento de Barakaldo se reunieron en la mañana de ayer con los responsables de la empresa, que tiene abierto desde enero otro expediente sancionador, aún sin resolver, por otro episodio contaminante que también causó afecciones respiratorias a los vecinos. Durante la reunión, que duró casi dos horas, la compañía se resistió a admitir en un principio su responsabilidad en el vertido, pero finalmente se mostró dispuesta a colaborar en la investigación y asumió el cierre.

Técnicos del Gobierno y del Consorcio vizcaíno de Aguas aislarán totalmente esta mañana la fábrica para evitar cualquier otro tipo de escape contaminante.Ayer se acordó crear una comisión con técnicos del Ejecutivo, el Consorcio de Aguas y el Ayuntamiento de Barakaldo que se asegurarán del control de la empresa. Para ello, se cerrarán todas las arquetas de residuos y se investigará el origen del episodio contaminante, del que todavía no se ha determinado la cantidad ni el producto causante. "En dos o tres días tendremos los informes y sabremos qué es lo que contenía el vertido", afirmó Ana Oregi.

Sin embargo, los vecinos ya han señalado que los olores y los síntomas son similares a los que sufrieron en enero pasado, cuando se detectó un vertido ilegal de los disolventes sileno y touleno procedentes de Plastificantes de Lutxana. Los análisis en el aire que ha realizado estos días la Dirección de Salud Pública también han hallado trazas de sileno.

Oregi indicó que la paralización de la empresa no tiene un plazo fijo y se prolongará hasta que los informes técnicos descarten cualquier tipo de riesgo medioambiental. Apuntó que la fábrica empezó ya el martes a cerrar algunas de sus líneas de producción y la previsión era que a lo largo del día de ayer la paralización fuese total. "Esto nos garantiza que no hay más aportaciones de contaminantes y la situación en las viviendas debería remitir", añadió. El alcalde de Barakaldo, el socialista Tontxu Rodríguez, precisó que el desconocimiento de las causas de la contaminación "genera más riesgo" e insistió en que la empresa estará cerrada "hasta que los técnicos informen de que no generará ningún problema".

El cierre de la fábrica se ha decretado atendiendo al expediente sancionador que se abrió el martes, una figura que incluye la posibilidad de la paralización de la actividad, pero que nunca se suele utilizar. Además, el Ayuntamiento, con competencias también para ello, emitió un decreto que cesa la licencia de actividad de la firma, como había planteado la víspera el primer edil.

Esta medida no garantiza la total descontaminación, según admitió la directora de Aguas, porque las sustancias tóxicas han quedado adheridas a los colectores de saneamiento, a través de los que se ha producido la contaminación en las viviendas. Por ello, el alcalde anunció que se procederá a la limpieza de los colectores, la renovación del tramo de las conducciones de la zona afectada y la instalación de sifones y de una tubería de ventilación del inmueble.

La Dirección de Salud Pública mantuvo ayer la prohibición de utilizar sus viviendas a las 50 familias que fueron desalojadas el pasado martes. Los análisis atmosféricos han señalado que se mantienen todavía en la zona niveles de contaminación no recomendables. Un portavoz de Sanidad indicó que los datos son similares a los del martes, pese a que los malos olores habían disminuido ayer.

Los afectados -todos los vecinos del inmueble número 40 de Camino Río Castaños entre los pisos sexto y decimotercero- anunciaron que hoy presentarán denuncias judiciales contra Plastificantes de Lutxana, tanto como asociación vecinal como individuales en el caso de los que han sufrido afecciones respiratorias. Mercedes Hernando, presidenta de la asociación de vecinos de Retuerto y residente en el inmueble afectado, adelantó que hoy se reunirán con miembros de la asesoría jurídica municipal, tras el ofrecimiento de este servicio por parte del alcalde.

"Que no ande más"

Hernando se mostró satisfecha por el cierre de la empresa pero exigió que esta medida sea definitiva. "Queremos que no ande más", dijo tras agradecer las gestiones realizadas por el consistorio. Apostilló que hace tres años ya se reunió con el director de la factoría en el Ayuntamiento y "él juró que esto no iba a volver a pasar. No ha tenido palabra". Indicó que respeta los puestos de trabajo (Plastificantes de Lutxana tiene cerca de 70 empleados), "pero ante la salud y la vida, nada".

Ante el número 40 de Camino Río Castaños se reunieron a mediodía varios de los vecinos desalojados. "Es que el hostal que tenemos es sólo para dormir. Para comer y asearnos tenemos que venir aquí", comentaban. "Yo estoy desde el sábado con arcadas", decía otra vecina. "Y yo ahora me voy a Cruces, que no aguanto. Nunca he tenido que tomar aspirinas y ahora estoy fatal", vociferaba una señora. Frente al portal del inmueble, donde una patrulla de la Policía Municipal vigilaba el cumplimiento de los desalojos, todavía se percibía un olor desagradable, más perceptible acercándose al río Castaños, que discurre justo al lado de las viviendas.

Las reacciones de los partidos políticos se sucedieron. El grupo de IU-EB en las Juntas Generales de Vizcaya pidió a la Diputación que se persone como acusación particular contra la empresa, a la que acusa de un delito contra la salud pública. Esta formación presentará una iniciativa al respecto en la Cámara vizcaína.

El portavoz del PP de Barakaldo, Rafael Carriegas, exigió una solución definitiva a los vertidos en el Castaños.