Los pequeños de la UE se rebelan contra la Constitución

Los países de menor población de la Unión Europea y de los candidatos a la integración han comenzado ya a coordinar sus maniobras para modificar algunos capítulos importantes del proyecto de Constitución Europea elaborado por la Convención sobre el futuro de Europa, que concluyó sus trabajos el pasado julio. A un mes de que inicie su andadura la Conferencia Intergubernamental (CIG) que debe analizar ese proyecto, 15 de los 25 países que a partir de mayo de 2004 integrarán la Unión han difundido un comunicado en el que exigen importantes modificaciones, como mantener la norma de que cada nación tenga un comisario con derecho a voto en el Ejecutivo comunitario.

Representantes de esos 15 países (Austria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Lituania, Letonia, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia) se reunieron el pasado lunes en Praga para coordinar sus estrategias. Al término de la reunión señalaron que algunos puntos de la reforma contenida en el proyecto constitucional deben ser "reconsiderados". Además del comisario por país, exigen que queden más claras las competencias del presidente estable de la UE, de forma que no se convierta en un competidor del presidente de la Comisión Europea.

Ventaja para los grandes

Alguno de los reunidos, como el representante polaco, también se declaró partidario de mantener en el Consejo el sistema de votación fijado en el Tratado de Niza, según el cual los países medianos contarían con grandes posibilidades de bloquear pactos alcanzados por los grandes. El proyecto constitucional propone que las decisiones sean válidas cuando estén apoyadas por países que representen al 60% de la población de la Unión, lo que da ventaja a los países grandes.

Polonia, en este caso, está totalmente alineada con el Gobierno español, que no envió ningún representante a la reunión de Praga. Tampoco lo hicieron los tres países del Benelux (Holanda, Bélgica y Luxemburgo), pese a que se habían comprometido a hacerlo.

Una vez que los jefes de Estado y Gobierno declaren abierta la CIG el próximo 4 de octubre en Roma, representantes gubernamentales se reunirán a puerta cerrada en tres o cuatro ocasiones para pactar el texto definitivo. De acuerdo con el calendario previsto, se espera que concluyan sus trabajos antes de fin de año o a comienzos del siguiente. La firma del nuevo Tratado Constitucional se haría el próximo 9 de mayo, fecha fijada en el texto como el Día de Europa, unos días antes de las elecciones al Parlamento Europeo. Entre mayo de 2004 y finales de 2005, el tratado tendrá que ser ratificado por los 25 parlamentos y, en varios países, como España, en referéndum.