Cuatro estatutos en busca de reforma

En junio de 2002, el secretario general del PP, Javier Arenas, animado por el entonces presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, se reunían con el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, para debatir sobre la reforma del Estatuto de dicha comunidad. Fue un desayuno en un local próximo a la sede central del PP en Madrid, en el que, pese a algunas reticencias de Arenas, los reunidos se comprometieron a estudiar la reforma del Estatuto.

El nombramiento de Zaplana como ministro de Trabajo, poco después, paralizó la reforma. Pero Francisco Camps, el presidente valenciano elegido en las elecciones del 25 de mayo, también del PP, anunció, en su investidura, en junio, la reforma del Estatuto autonómico.

El PP admite la reforma del Estatuto valenciano para elevar sus competencias

De este modo, la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, se une a otras tres que proponen reformas estatutarias de diferente alcance: Cataluña, Andalucía y Euskadi. El secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, quita hierro a la reforma valenciana: "Es muy operativa. Sólo pretende resolver un desajuste porque el Estatuto de la Comunidad Valenciana está, en algunos temas, por debajo de las demás autonomías".

Pero el hecho de que el PP admita, aunque sea una sola, esta reforma estatutaria, permite a Zapatero cuestionar la posición "inmovilista" del Gobierno en este materia y desmentir la acusación de que la propuesta socialista de abrir la posibilidad de reforma de los estatutos es "artificial" y tiene como único objeto justificar la del candidato del PSC, Pasqual Maragall, que ha hecho de la reforma del Estatuto de Sau uno de los ejes de su campaña electoral.

El sábado que viene, una cumbre autonómica socialista aprobará en Cantabria un documento que recogerá, junto a las tradicionales reclamaciones socialistas -reforma del Senado, mecanismos de participación autonómica en Europa y creación de la Conferencia de presidentes-, el derecho de las autonomías a reformar sus estatutos. Zapatero argumenta que "el estado de cosas es muy distinto" al de 1978, cuando se aprobó la Constitución. De hecho, la Carta Magna "ni siquiera enumera qué comunidades dispondrán de estatutos" y "entonces tampoco estaba tan desarrollada la UE como ente político ni existían retos como la inmigración, con sus repercusiones institucionales", señala.

"Los estatutos se han reformado varias veces, en 1992 y 1996, y no se puede hacer un dogma, como pretende el PP, de su inmovilidad. No se trata de generalizar las reformas sino de adecuar los estatutos a los cambios sociales allí dónde se planteen necesidades", agrega Zapatero. Las comunidades en que se plantean reformas son: