Las principales obras para prevenir riadas como la de 1983 no se han acometido

Las principales actuaciones establecidas en los planes diseñados para evitar las catastróficas inundaciones que arrasaron Bilbao en 1983 no se han acometido todavía. Su no ejecución implica que podrían repetirse gran parte de los efectos de las trágicas riadas de hace 20 años, cuyo aniversario se cumple el martes, de producirse el mismo fenómeno.

En tan sólo unas horas del 26 y 27 de agosto de 1983, unos 1.500 millones de toneladas de agua se desplomaron sobre Euskadi, 100 veces la cantidad que acumula la bahía de San Sebastián y una vez y media el agua que cae en un año en la comunidad. Aquél fenómeno climático sin precedentes dejó tras de sí 34 víctimas mortales y cinco desaparecidos, así como pérdidas económicas multimillonarias que ascendieron a cerca de 1.200 millones de euros, sobre todo en Vizcaya, el territorio vizcaíno más afectado.

Tras la catástrofe, se emprendieron inmediatamente obras para la recuperación de las infraestructuras y bienes arrasadas por la violencia de las lluvias torrenciales y el desbordamiento de los ríos. Sin embargo, las únicas actuaciones de prevención importantes realizadas en estos años ha sido la limpieza del cauce del Nervión en su tramo inferior y la corta de la Ría a la altura del barrio bilbaíno de La Peña, una de las zonas más afectadas por la catástrofe, donde el agua llegó a alcanzar los 6,25 metros de altura sobre el nivel habitual. Las actuaciones consistieron en un cambio de curso de la ría, que se desplazó varios cientos de metros en esta zona por donde entra a la capital vizcaína. Con estas intervenciones también se mejoró profundamente la fisonomía de este barrio nacido con la inmigración en décadas anteriores. Muchas de las casas, levantadas junto a los márgenes de la Ría eran construcciones ilegales.

Aparte de este proyecto, el resto de las grandes obras de prevención previstas continúan actualmente sin desarrollar. Por una parte, por la importante inversión que requieren y, por otra, porque las competencias se encuentran repartidas entre tres administraciones: el Ministerio de Fomento, a quien corresponde los márgenes de la Ría, por ser dominio terrestre-marítimo, la Diputación Foral, titular de obras públicas, y el Gobierno vasco. De los tres principales estudios abordados, los más importantes son el Plan Integral de Prevención de Inundaciones (PIPI) de 1992, elaborado por el Gobierno vasco para el conjunto de la comunidad autónoma, y el Plan Hidrológico vasco, competencia del Ministerio de Fomento. A ellos se añadió un detallado estudio hidráulico sobre el problema específico de las inundaciones en el casco urbano de Bilbao, encargado por la Diputación.

Los grandes proyectos planteados en ese estudio para evitar que se puedan repetir situaciones como la vivida en la capital vizcaína en 1983 están pendientes de realizarse. El más ambicioso supone la construcción de un gigantesco túnel de desagüe subterráneo, presupuestado en torno a los 167 millones de euros, que permitiría detraer una parte considerable del caudal de la Ría. La conducción arrancaría en el barrio de La Peña, donde el Nervión se adentra en Bilbao, y atravesaría en línea recta el casco urbano para desembocar otra vez en la Ría en Olabeaga, cuando ésta se ensancha.

El desagüe, formado por dos túneles paralelos que irían a 25 metros por debajo del subsuelo de Bilbao y con una longitud de casi cuatro kilómetros, permitiría que, en caso de una fuerte avenida, un volumen considerable del caudal de la ría no discurriera por el cauce que serpentea por la ciudad y la anegó en 1983.El túnel subterráneo entre La Peña y Olabeaga es, sin duda, la más costosa de las medidas planteadas para Bilbao. La segunda actuación solicitada consiste en la apertura del canal de Deusto después de Puente Euskalduna. Con esta obra, la actual península de Zorrozaurre quedaría convertida en una isla y el curso de la Ría quedaría desdoblado en dos cauces en el punto en que abandona la ciudad. Con ello se aumentaría considerablemente su capacidad de desagüe camino de la desembocadura en el Abra. El estudio hidraúlico encargado por la institución foral también reclama actuaciones puntuales de dragado en el cauce de la Ría en el tramo comprendido entre el Ayuntamiento y el Casco Viejo, la zona que en 1983 se convirtió en símbolo de la devastación de las aguas. Este sector fue el primer lugar afectado por el desbordamiento. Miles de personas quedaron atrapadas en sus casas y edificios emblemáticos como el Mercado de la Ribera, el Teatro Arriaga o el Museo Histórico, sito en el corazón del Casco Viejo, resultaron destrozados. La mayor parte de los 800 comercios situados en los bajos de las Siete Calles fueron arrasados por la riada, que dejó inservible el todo lo había dentro de las tiendas. Muchos edificios de viviendas quedaron también severamente afectados en su estructura y uno de ellos incluso se desplomó. La Diputación vizcaína, que únicamente tiene competencia sobre los ríos que nacen y mueren en la provincia, ha solicitado en varias ocasiones la financiación por parte del Ministerio de Fomento para acometer las costosas obras. Fuera de la capital, en los puntos negros en los que se actuó tras las inundaciones de hace 20 años la situación ha mejorado bastante, según asegura un portavoz de la Diputación. Las obras realizadas, por ejemplo, en el río Artigas a su paso por Bermeo, localidad que quedó destrozada por las aguas en 1983, se han demostrado eficaces en los recientes desbordamientos al reducir su efecto. Lo que no se ha conseguido aún es evitarlos. El Plan de Prevención de Inundaciónes del Gobierno vasco se diseñó de 1992 con un objetivo: reducir la posibilidad de inundaciones catastróficas a una vez cada 100 años en el conjunto de la comunidad autónoma. El hecho cierto es que desde entonces, la situación se ha reproducido en varias ocasiones, aunque con menor intensidad. La última, el año pasado. Entonces, resultaron afectados, entre otros, los municipios vizcaínos de Mungia, Bermeo y Mundaka. Para conseguir sus objetivos, el proyecto preveía unas inversiones de más de 600 millones de euros que, actualizadas equivaldrían a unos 618. De esas intervenciones, un 70% (4.32 millones) está aún por realizar.