Bush contamina más

La decisión del Gobierno de Estados Unidos de permitir a la industria el aumento de emisiones contaminantes supone una nueva muestra del desinterés de su presidente por la defensa del medio ambiente. La medida, que aún tiene que ser aprobada en firme y es susceptible de cambios de última hora, reduce sensiblemente el alcance de una ley que obligaba a las factorías a instalar los sistemas anticontaminantes más modernos cuando ampliasen sus instalaciones. La nueva orden exime de este requisito a las plantas industriales que acometan una reforma cuyo coste no supere el 20% del valor total de la factoría. Se trata, a juicio de los expertos, de un margen excesivo que permite a la industria no sólo crecer sin reducir proporcionalmente sus emisiones contaminantes sino también ahorrar miles de millones de dólares en inversiones ambientales.

Esta ecuación, tan favorable al beneficio empresarial inmediato, no es nueva en la trayectoria de Bush. Nada más llegar al poder, EEUU, principal productor mundial de emisiones de dióxido de carbono, dio un portazo internacional al rechazar el Protocolo de Kioto de reducción de gases de efecto invernadero. El argumento de que este tratado internacional suponía una cortapisa intolerable al crecimiento industrial mostró la clave de arco de un ideario basado en la primacía de la competitividad estadounidense. Pero esta directriz, pese al firme apoyo que ha recibido de la gran industria, no es invencible. En la compleja sociedad estadounidense no basta la voluntad de un presidente para sacar adelante cualquier plan. Este fue el caso del proyecto para perforar los yacimientos petrolíferos de Alaska, una iniciativa firmemente apoyada por Bush que se dio de bruces con el Senado.

Aunque la actual orden no ha de pasar por el filtro parlamentario, la acción judicial podría frenarlo. Esta es la principal esperanza de sus detractores, que confían en el anuncio del fiscal general de Nueva York de recurrir la orden en cuanto entre en vigor.