El Senado de Argentina inicia el debate para anular las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final
El liderazgo del presidente argentino Néstor Kirchner estaba en juego ayer en el Senado, cuando la Cámara Alta del Congreso debía iniciar la sesión para debatir el proyecto de anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, aprobado la pasada semana por los diputados. El peronismo confiaba en reunir su propia mayoría y contaba a la vez con el apoyo de algunos senadores de otros grupos parlamentarios. La Unión Cívica Radical (UCR), el principal partido de la oposición, anticipó que votaría a favor de incorporar a la Constitución la Convención que declara imprescriptibles los crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero en contra de la anulación. Las llamadas leyes de impunidad que liberaron de proceso a más de 1.100 miembros de las Fuerzas Armadas acusados de graves violaciones a los derechos humanos fueron promulgadas entre 1986 y 1987 por el Gobierno del ex presidente radical Raúl Alfonsín.
El vicepresidente y presidente provisional del Senado, Daniel Scioli, dijo que "en un país serio no se anulan las leyes". Las opiniones de Scioli en la última semana sobre temas políticos y económicos hicieron detonar las diferencias de criterio con el presidente que se venían acumulando desde el comienzo del mandato, hace tres meses. El martes por la noche Kirchner reaccionó con un golpe de autoridad: le pidió la renuncia a los funcionarios designados por Scioli en la Secretaría de Turismo. El jefe del gabinete de ministros, Alberto Fernández, negó una crisis institucional.
Entretanto, en España, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió ayer la petición urgente del juez Baltasar Garzón al Gobierno español para que reclame la entrega de un primer grupo de 26 militares acusado de genocidio, asesinato y torturas, informa Julio M. Lázaro. La Fiscalía de la Audiencia Nacional reprodujo la tesis -ya desechada por Garzón- de los crímenes de la dictadura argentina no fueron delito de genocidio sino " de lesa humanidad" no contemplados por la legislación española.
Garzón tiene previsto pedir hoy el resto de las extradiciones, hasta totalizar los 46 reclamados, aunque el Gobierno no se reunirá hasta el día 26.
