Indiferencia mortal en Ciudad Juárez

El 12 de mayo de 1993, las autoridades de Ciudad Juárez hallaron en el Cerro Bola a una joven estrangulada. Veinticuatro años, 1,75 metros de estatura, tez morena clara, pelo castaño y ojos color café. Tenía signos de abuso sexual:el pantalón bajado hasta las rodillas y el sujetador por encima del pecho. Además, una herida de arma blanca en el seno izquierdo, golpes en la mandíbula y el pómulo derecho y laceraciones en el mentón y el cuello. Éste es el prólogo la peor novela negra que ha vivido México en la última década: más de 370 jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez -de las cuales al menos 137 presentan violencia sexual- y 70 desaparecidas, según las autoridades, aunque las ONG hablan de más de 400. ¿Los responsables? Hasta el momento, sólo hay certeza de uno: la negligencia.

Ésta es la conclusión del informe Muertes intolerables, presentado la semana pasada en México por Amnistía Internacional (AI) y que, aparte de hacerse eco de las reiteradas reclamaciones de familiares de las víctimas, abogados y defensores de los derechos humanos, ha puesto en duda la eficiencia de la Administración de justicia y la capacidad del Gobierno del presidente Vicente Fox "para hacer realidad su retórica sobre los derechos humanos".

Pistas ignoradas, demora en el seguimiento de las denuncias, falsificación de pruebas, investigaciones paralizadas y hostigamiento hacia los familiares de las víctimas son algunos de los de los puntos de un memorial elaborado por AI tras contrastar datos sobre el terreno y versiones oficiales. La organización asegura que la incompetencia de la justicia sólo ha servido para alimentar las especulaciones sobre la supuesta protección a los responsables de los crímenes, la participación de narcotraficantes, la posible intervención de personas que residen en EE UU, así como teorías sobre fines satánicos, pornográficos y de tráfico de órganos.

Lo único claro en 10 años de crímenes es el perfil de las víctimas y el patrón que han seguido los asesinos: mujeres humildes, trabajadoras de las industrias maquiladoras (montadoras) de multinacionales que dominan la economía de Ciudad Juárez, camareras, empleadas en la economía informal o estudiantes. La violencia incluye violación, mordazas, golpes, cuchilladas y mutilación.

"La falta absoluta de medidas oficiales para abordar estos casos equivale a tolerarlos", afirmó la secretaria general de AI, Irene Khan, en la presentación del informe. El documento critica el hecho de que las autoridades presenten la mayoría de los homicidios como "situacionales" (hechos aislados) y atribuya a una minoría el carácter de "seriales". Además, señala que, aunque la Procuraduría General alega que la mayoría de los casos está resuelta, en realidad sólo hay una sentencia dictada.

El informe también hace hincapié en que, aunque es el Estado el que debe establecer si la persona desaparecida ha sido víctima de un delito, en Ciudad Juárez son las familias las que han tenido que demostrar que la desaparición ha sido involuntaria. "El 4 de enero de 2000, cuando desapareció María Isabel Nava, de 18 años, su padre fue a la fiscal especial para la investigación de homicidios de mujeres exigiendo su actuación. Según él, la fiscal le dijo: 'Apenas es martes', asegurando que su hija igual estaba con el novio y que ya aparecería. (...) El cuerpo de la chica fue encontrado el 27 de enero de 2000. Había sido brutalmente asesinada y la autopsia indicó que la habían mantenido en cautiverio durante dos semanas antes de su muerte", dice el informe de AI.

"Desde principios de este año hemos venido insistiendo en la indolencia del Gobierno federal en este asunto y hemos pedido una intervención decidida. Es la misma petición que ha hecho Amnistía y, por ahora, parece que el informe ha logrado que empiecen a afinarse unos resortes que se estaban oxidando", afirma el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, José Luis Soberanes.

Este despacho abrió en 1998 una investigación sobre 81 muertes en Ciudad Juárez y solicitó, a principios de este año, que se abrieran procesos penales por omisión a altos funcionarios públicos -entre ellos miembros de la Procuraduría General-, investigadores y policías. La recomendación fue rechazada por las autoridades municipales y estatales, que acusaron a la Comisión de intentar dañar la imagen del partido gobernante entonces, el PAN, en un año electoral. Sin embargo, cuando el PRI ganó las elecciones, también hizo caso omiso de la investigación.

En lugar de responder a las preocupaciones de las familias y ONG y apoyar a los abogados en la búsqueda de la verdad, en algunas ocasiones las autoridades han intentado desacreditar su trabajo, según el informe de AI.