El sindicato de enfermería se enfrenta a Osakidetza por la euskaldunización

La euskaldunización de la plantilla del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ha entrado en la vía judicial. El Tribunal Superior de Justicia ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el sindicato de enfermería SATSE contra el Gobierno autónomo por poner en marcha el Plan de Normalización del Uso del Euskera sin determinar previamente la relación de puestos funcionales, es decir, las plazas que están afectadas.

El sindicato de enfermería ha recurrido una disposición transitoria dictada por el Ejecutivo que permite establecer la fecha de preceptividad de cada plaza (el momento en que su titular debe acreditar el conocimiento del nivel exigido de euskera) sin necesidad de especificar qué puestos funcionales están obligados al conocimiento de la lengua cooficial.

En declaraciones a la agencia Europa Press, un portavoz del SATSE calificó la disposición del Gobierno de "ilegal" y recordó que la relación de puestos de trabajo (las plazas con las que cuenta cualquier administración) se ha realizado siempre antes de desarrollar los sucesivos planes para la normalización de la lengua vasca.

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 18 de marzo el decreto de normalización del uso del euskera en Osakidetza, que cuenta con una plantilla de 22.409 trabajadores. El objetivo del Departamento de Sanidad, que dirige Gabriel Inclán, es duplicar el número de euskaldunes en un plazo de seis años, fijando su prioridad en el servicio de atención primaria, por la frecuencia de uso y el acceso directo de los pacientes.

Según los últimos datos que posee Osakidetza, el 12,42% de sus trabajadores tiene un conocimiento del euskera equivalente al perfil lingüístico 1 o 2. Sin embargo, ese nivel de conocimiento varía entre la atención primaria (un 17,61%) y la especializada (un 7,62%).

El intento de euskaldunizar Osakidetza viene de lejos. En 1998, el Servicio Vasco de Salud presentó su primer documento sobre el uso del euskera, que posteriormente fue puliendo tras sucesivas reuniones con los sindicatos. El SATSE, el Sindicato Médico y UGT han sido las organizaciones que más han cuestionado el plan, presentando diversas alegaciones y aportaciones.