Ajustes desmedidos

El recorte de plantillas es un instrumento legítimo de las empresas para reducir los costes laborales cuando se encuentran en situación de pérdidas o graves dificultades financieras que ponen en peligro su supervivencia. Este recurso, que implica la aportación de dinero público para pagar las prestaciones por desempleo a los afectados por las regulaciones, está perfectamente admitido como una corrección necesaria en la economía de mercado y es la base de los procesos de reconversión que salvaron los mercados maduros en crisis, como la siderurgia, la minería o la construcción naval en la década de los ochenta.

Pero en los últimos años, el mecanismo de ayudas públicas para financiar parcialmente los ajustes de empleo -los llamados Expedientes de Regulación de Empleo, ERE- se viene utilizando para recortar plantillas de empresas que disfrutan de beneficios, con accionistas que perciben los correspondientes dividendos y que no tienen riesgo alguno de supervivencia. Telefónica, a quien se acaba de aprobar un expediente de regulación de 15.000 trabajadores, Iberdrola o Siemens se han beneficiado de las modificaciones legales aprobadas a principios de la década de los noventa para introducir causas técnicas, productivas o de organización en la justificación de los despidos para financiar con cargo a los presupuestos del INEM parte del coste de aquéllos. Una estimación razonable señala que el coste de los ERE de las grandes empresas para el INEM y, por tanto, para todos los contribuyentes se aproxima a los 240 millones de euros anuales.

Con independencia de la legalidad de las operaciones, que es incuestionable, está claro que la práctica de financiar con dinero público ajustes de empleo de empresas con beneficios rompe el principio de solidaridad implícito en la economía social de mercado. Los despidos o prejubilaciones de una empresa deben pagarse con cargo a su cuenta de resultados y, por tanto, son una factura de sus accionistas. Cuando sistemáticamente esa factura se pasa a los contribuyentes, cabe preguntarse si no se está extendiendo una práctica abusiva y si no sería urgente aclarar o poner límites a las causas técnicas, productivas o de organización que justifican la financiación pública, aunque sea parcial, de los despidos. Cierto es que los ERE previenen crisis graves en las empresas sanas, pero también que la sociedad empieza a percibir como un abuso la utilización de dinero público en negocios privados.