Nueva crisis del Gobierno italiano por la investigación de los negocios de Berlusconi

Por segunda vez desde que Italia asumió el 1 de julio la presidencia de la UE, el Gobierno de Silvio Berlusconi bordea la crisis. Los socios democristianos de la coalición de centro-derecha amenazaron con abandonar el Ejecutivo si el ministro de Justicia, Roberto Castelli, no da marcha atrás en su decisión de bloquear una investigación sobre Mediaset, que afecta directamente al propio Berlusconi. Castelli, de la Liga Norte, intentaba ayer ganar tiempo, posponiendo la última decisión sobre el caso a una sesión parlamentaria prevista para mañana.

A los ojos de la oposición, que ha presentado una moción de censura contra él, y a los de la mayor parte de los socios de Gobierno, Castelli ha ido esta vez demasiado lejos en el ejercicio de sus funciones. Su decisión de bloquear las cartas rogatorias, enviadas a Estados Unidos y Suiza por los fiscales de Milán que investigan un presunto fraude fiscal de Mediaset, ha recibido condenas prácticamente unánimes de todos los partidos, excepto del suyo, la Liga Norte. La posición más crítica ha sido la del subsecretario de Justicia, Michele Vietti, un ex democristiano de la Unión Democrática de Centro (UDC), que amenazó el viernes con dimitir si el ministro no reconsideraba su postura. Del lado de Vietti se han colocado, el presidente de la Cámara de Diputados, Pierferdinando Casini, del mismo partido, y algunos dirigentes de Alianza Nacional, la segunda fuerza de la coalición. Incluso en Forza Italia, el partido de Berlusconi, se han escuchado voces críticas contra Castelli.

En una entrevista publicada por el diario romano Il Messaggero, Castelli improvisaba ayer una especie de disculpa, asegurando que paralizó la investigación, sobre presuntas irregularidades del imperio de Berlusconi en la compra de filmes en el extranjero en los años noventa, convencido de que vulneraban la ley. Lo cierto, sin embargo, tal y como sostiene Vietti y los líderes de la oposición, es que la Ley de Inmunidad, aprobada a finales de junio en medio de considerable escándalo, puede ser invocada para congelar los procesos en los que está imputado Berlusconi, pero no las investigaciones judiciales en curso que afectan al primer ministro. El propio presidente de la República, Carlo Azeglio Ciampi, presionó para que se mantuviera esta excepción sobre las investigaciones.

Los centristas de la UDC, que respaldaron con sus votos la polémica ley, consideran esencial que se aplique correctamente. De ahí que hayan lanzado un ultimátum al ministro, concediéndole un plazo que expira esta tarde, para dar marcha atrás sobre las rogatorias. "En caso contrario abandonaremos el Gobierno", declaró el ministro de Asuntos Europeos, Rocco Buttiglione. Todo apunta, sin embargo, a que no llegará la sangre al río, al menos mientras Roma presida la UE. Ayer, diversos miembros de la coalición, como el portavoz del grupo parlamentario de Alianza Nacional (AN) en el Senado, Ignacio La Russa, dejaron entrever un principio de acuerdo para facilitarle a Castelli una digna salida. Se esperaría a la reunión del Senado prevista para mañana, en la que la oposición piensa argumentar su moción de censura, y el ministro, reclamar el parecer del Parlamento, para aprobar un escrito de apoyo a Castelli, en el que se daría luz verde además al envío de las cartas rogatorias.

Peleas internas

Berlusconi seguirá la evolución de la crisis desde Rusia, adonde emprenderá mañana un viaje, "que reviste especial significado", según fuentes del Kremlin, debido a su condición de presidente de turno de la UE. Il Cavaliere, que alardea de su amistad personal con Vladímir Putin y no pierde ocasión de asegurar que Rusia formará parte de la UE algún día, no parece especialmente preocupado por las tensiones entre sus socios de Gobierno. El sábado, en una entrevista concedida a dos diarios italianos, restó importancia a las peleas internas entre los partidos de la coalición, asegurando que son irrelevantes, porque el Gobierno "está unido en las cuestiones importantes", dijo. Las diferencias internas en la Casa de las Libertades han ido en aumento desde la derrota electoral sufrida por la coalición en las elecciones parciales de mayo y junio pasados. Lo heterogéneo de los partidos que la integran -ex democristianos de UDC, posfascistas de AN y ex secesionistas de la Liga Norte, de Umberto Bossi, en torno a Forza Italia, el partido de Berlusconi- no favorece precisamente la armonía entre los socios.

La última polémica desatada por Castelli fue su reciente negativa a concederle la gracia a Adriano Sofri, ex líder del grupo radical de izquierda Lotta Continua, uno de los más activos en los años setenta, encarcelado por el asesinato del inspector Luigi Calabresi, ha concentrado todas las críticas sobre su persona.