El Estatuto y el derecho del trabajo

Es posible que, tras las elecciones autonómicas de otoño, cada fuerza política catalana ponga encima del tapete su particular borrador de reforma del Estatuto de Autonomía. Si finalmente se opta por el deseable consenso, es cosa que se irá viendo con el tiempo. Ahora bien, tan necesaria reforma arrastrará, lógicamente, una situación parecida en determinadas comunidades autónomas, que no querrán ser menos. Es decir, se puede poner en marcha una ebullición, que, si va acompañada de hechos participativos inteligentes, se convertirá en una situación política de gran interés. O puede suceder también que, dada la estrategia de la tensión entre el centro y las nacionalidades, que tan buenos dividendos está dando al Partido Popular, éste centrifugue el tema y el resultado sea confirmar por mucho tiempo lo que ahora hay, que equivaldría a una involución, o sea, a la antítesis al progreso que los reformadores buscamos.

Como quiera que todavía hay tiempo hasta que llegue dicho momento, quizás valga la pena empezar a darle vueltas a la cabeza a tan significativa cuestión, y aunque el tema que trataremos es parcial, no por ello deja de ser relevante: las cosas del Derecho laboral. Más todavía: estas notas no esconden que podrían servir de meditación a la hora de configurar los definitivos programas electorales. También estas notas vienen a cuento porque hemos vivido personalmente la presentación de demandas de colectivos sociales, que exigían una leyes catalanas sobre determinadas materias laborales, en ocasiones con gran fundamento y en otras con menor justificación. Éste es un tema al que somos sensibles, seguramente por nuestra trayectoria pública. Pero, sobre todo, porque el Derecho laboral -una gran conquista de la civilización- ha dado históricamente la palabra a los trabajadores, aunque, a decir verdad, también se la ha recortado.

La primera cosa que se nos ocurre es: si todos se ponen a reformar sus correspondientes estatutos -y no vemos ninguna razón para contrariarles-, ¿habrá una generalizada demanda, que, en la práctica, implique el troceamiento del Derecho laboral? Pongamos dos casos extremos: ¿se puede fragmentar la Seguridad Social y, o también, lo relativo a la movilidad geográfica? Si se nos contesta que para ello hay que cambiar la Constitución española, cosa que sabemos perfectamente, se entrará parcialmente en el tema. Porque entonces volveremos a la carga: ¿hay que cambiar la Constitución para trocear el Derecho laboral? Estamos hablando, ¡quede claro!, de los aspectos legislativos químicamente puros, porque nada impide la transferencia de los instrumentos. Por ejemplo, somos partidarios de la unicidad de la Seguridad Social y, simultáneamente, de la descentralización de su gestión.

La segunda cosa que pensamos es: nuestro (nuevo) Estatuto de Autonomía de Cataluña, con su ejemplo, puede hacer avanzar en España un federalismo solidario, que, como tal, viene obligado a ser cooperante, o conducir a un conjunto de retales en orden disperso. Es decir, se puede orientar hacia un Derecho laboral con razonables diversidades o puede inducir a no sé cuántas apariencias de tutelas, estas últimas desagregadas las unas de las otras. Lo primero es deseable y útil; lo segundo, un estropicio caballuno para la condición asalariada, los pensionistas y los que buscan empleo, sea el primero o el enésimo. Así pues, nos preguntamos y, en especial, interpelamos a la política, al sindicalismo confederal, a los empresarios y a los profesionales del Derecho laboral: ¿qué corresponde legislar desde la centralidad de las Cortes?, ¿qué puede ser materia compartida? y, definitivamente, ¿qué legisla cada Comunidad Autónoma? Quien no tenga presentes estos asuntos a la hora de redactar sus definitivas propuestas de reforma del Estatuto está dando, a muchas sabiendas, gato por liebre. Y nosotros añadimos -gracias a nuestro olfato felino, que nos permite intuir las paradojas- que las comunidades autónomas que sean partidarias de trocear el

Derecho social serán las más perjudicadas, algo que es sabido por trabajadores, empresarios y profesionales del Derecho, aunque no estamos seguros de qué nivel de convencimiento al respecto tienen algunos sectores de la vida política: desde los suficientemente informados a los generalmente indocumentados -si los hay-, pasando por los que pueda haber del quiero y no puedo. Ni que decir tiene que pedimos disculpas si alguien piensa que somos unos descarados, pero con alguna frecuencia las calendas electorales dan la impresión de un cierto desmadre en lo que se promete, a veces incluso jugando con las cosas del comer.

La verdad es que no estamos excesivamente inquietos, porque somos conocedores de una instancia catalana prestigiosa y que puede ponerse manos a la obra si es requerida para propiciar y sugerir razonadas propuestas: es el Consejo Económico y Social, acompañado por buenos expertos en la materia. No decimos que sea el único instituto propulsivo, pero ya sería un buen arranque que entrara en harina; saberes tiene y se supone que cuenta con recursos. Lo que no agota el asunto, porque éste es un debate y un proyecto que afecta al común de los mortales desde el cabo de Gata a Finisterre, de Roses a Ayamonte y desde los cántabros hasta las playas tarifeñas.

Nosotros lo vemos así, alertados como estamos de la sarta de disparates que se están haciendo en Italia con la llamada devolution, que no es otra cosa que la transferencia de importantes poderes desde el centro hasta la nueva realidad de las regiones. Decimos disparates porque cabe la posibilidad en aquel país de que cada Región legisle de forma diversa, y hasta contradictoria, sobre algo tan serio como el carácter del contrato de trabajo: una lógica que conviene a los berluscones. De ahí que exclamemos: ni eso, ni Felipe Quinto.

José Luis López Bulla es diputado por IC al Parlament de Catalunya y Carles Navales Turmos es director de La Factoría, y afiliado al PSC.