La oposición acusa a Pelegrí de "despreciar la separación de poderes"

La oposición de izquierdas y el Partido Popular reclamaron ayer en vano en el Parlament la dimisión del consejero de Gobernación, Josep María Pelegrí, por sus "reiteradas maniobras obstruccionistas" para aplicar la nueva ley de consejos comarcales. Pelegrí y CiU se quedaron aislados defendiendo la actuación del Gobierno catalán, que la izquierda y el PP calificaron de "desprecio absoluto a la separación de poderes".

Pelegrí compareció ayer en la Diputación Permanente del Parlament después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenara la constitución de los consejos comarcales según la nueva ley de abril, que salió adelante pese a los votos en contra de CiU. El consejero de Gobernación se esforzó en diferenciar la actuación del Ejecutivo -"ajeno a todo este proceso", afirmó- de la del grupo de Convergència i Unió en el Parlament y negó cualquier interferencia gubernamental en la aprobación y posterior aplicación de la ley, que establece un reparto más equitativo de los consejeros comarcales.

El Gobierno catalán, aseguró Pelegrí, siempre ha respetado la legalidad y todas las leyes del Parlament, y nunca presentó recurso alguno ante la Junta Electoral Central (JEC), sino que tan sólo trasladó una consulta para clarificar qué ley debía aplicarse, si la antigua o la nueva, ante las numerosas "dudas" planteadas por distintos consejos comarcales. Gobernación, añadió, se ha limitado en todo este proceso a cumplir lo acordado por las juntas electorales y el Tribunal Superior de Justicia. Pelegrí lamentó que la oposición usara este conflicto "judicial" como arma política y electoral para erosionar al Gobierno y a la federación nacionalista.

Las explicaciones del consejero no convencieron a la izquierda ni al PP, que reclamaron su dimisión, aunque se mostraron convencidos de que actuó cumpliendo las órdenes de sus superiores. O sea, del conseller en cap, Artur Mas. Quizá el más duro en sus críticas fue el popular Alberto Fernández Díaz, quien desveló sus negociaciones con CiU y el Gobierno, que querían retrasar la entrada en vigor de la nueva ley, algo que el PP siempre rechazó.

La oposición coincidió casi milimétricamente en sus acusaciones al consejero. Ignorar el autogobierno catalán, quebrantar la voluntad del Parlament, actuar de manera partidista y saltarse la soberanía popular y la división de poderes fueron las críticas más repetidas por socialistas, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana y el PP. Y todo ello, como subrayó el ecosocialista Rafael Ribó, "para acabar haciendo el ridículo" tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. El socialista Oriol Nel.lo remachó: "Usted es el auténtico responsable de esta serie de despropósitos. No ha dado ninguna explicación convincente, ha incumplido la ley y ha hecho daño a las instituciones".

El grupo de CiU, por su parte, intentó hurgar en el cuatro contra uno y acusó a la oposición de actuar de "monaguillos" del PP.