Demasiados gases

Los datos sobre emisiones en España de dióxido de carbono, a efectos prácticos el más importante gas de efecto invernadero, muestran una situación preocupante. Según los compromisos del Protocolo de Kioto, Europa debía disminuir sus emisiones de forma global, aunque algunos países, como España, podían aumentarlas debido a su bajo nivel de partida; en concreto, nuestro país se comprometió a no superar en el periodo 2008-2012 un 15% de incremento en las emisiones sobre la cifra de 1990, tomada como referencia. Pues bien, los datos parecen indicar que a la mitad del camino, en 2002, se ha llegado a un aumento del 38%, dos veces y media superior al tope fijado. Debe advertirse que no son datos oficiales y que deben cotejarse con los que facilite el Ministerio de Medio Ambiente antes de llegar a conclusiones definitivas. Pero la historia reciente deja poco lugar al optimismo.

Reducir emisiones implica cambiar hábitos de consumo energético, incidir en el ahorro y diversificar las fuentes de energía primaria. En el transporte, por ejemplo, un sector que contribuye de forma decisiva al aumento de la contaminación atmosférica, los cambios son difíciles, pero, justamente, la dificultad del problema exige una actitud más enérgica y activa por parte del Gobierno. Todavía no existe la anunciada Estrategia Nacional para el Cumplimiento del Protocolo de Kioto, y las autoridades parecen poco concernidas con esta cuestión. En éste como en otros asuntos el Gobierno hace grandes declaraciones, pero una vez enviado el mensaje y obtenida su rentabilidad política no se pasa a la acción.

La emisión inmoderada de gases de efecto invernadero no sólo es un grave peligro global para el equilibrio climático. Puede acarrear también cuantiosas pérdidas una vez que se fijen las modalidades de contraprestación para los países que incumplan el Protocolo, bien teniendo que adquirir costosos derechos de emisión a terceros países, bien teniendo que satisfacer las multas que se impongan. La reducción de las emisiones que contaminan la atmósfera no es sólo responsabilidad del Gobierno: afecta también a las empresas y al público en general, que no acaba de ser consciente de la importancia de ahorrar energía. Pero es indudable que es el Gobierno quien debe tomar la iniciativa. Y es esa iniciativa la que se echa en falta.