La casa Rodil de Baza

El 10 de junio empezaron a demoler la cubierta de la Casa Rodil (1800), uno de los mejores edificios neoclásicos de la provincia de Granada, y todos creíamos que se estaba realizando con licencia de Cultura, dado que necesita supervisión obligatoria de dicha institución.

Le he preguntado a un amigo que trabaja en el Ayuntamiento y me ha dicho que las obras se están efectuando sin la supervisión obligatoria por parte de la Consejería de Cultura que, aunque el trámite es obligatorio, el Ayuntamiento se lo pasa a la torera porque la Junta pasa mucho y no les penaliza como marca la ley.

Lo de dar licencias por parte de la unidad técnica del Ayuntamiento sin pasar por Cultura es algo ya histórico en nuestra ciudad. En 1995, dicha oficina, siguiendo su tónica habitual, dio permiso para construir junto y sobre los lienzos de la Alcazaba, monumento nacional (pocos años antes lo dio para construir dentro del monumento) y, como se denunció públicamente, sólo por eso, Cultura tuvo que actuar y ponerle una multa millonaria, que se ve que no pagaron porque estos funcionarios siguen igual. Los empleados de dicha unidad necesitan una inhabilitación que nunca tendrán porque la consejería elude sus obligaciones y no va a aplicar la ley. Es de vergüenza pero es así.

Se supone que en la Andalucía protegida por la Ley del Patrimonio, caso en el que se encuentra Baza, un edificio catalogado de esta categoría debería preservar sus valores tanto internos como externos, cosa que en Baza nunca ocurre porque el Ayuntamiento se niega a pedir en las licencias condiciones que se hacen obligatorias en todos los edificios catalogados y conjuntos históricos: reutilización de la teja árabe de la ciudad, porque así lo aprobó el mismo Ayuntamiento, aunque no lo cumple; no modificación de fachadas; carpintería de madera al exterior... Que tengamos claro una cosa, Cultura tampoco va a controlar estos temas, pues hasta ahora se la ha avisado y ha mirado para otro lado. Así nos luce el patrimonio, con un Ayuntamiento que no cumple la ley y una consejería que elude todas sus responsabilidades, incluida la de penalizar e inhabilitar a los que incumplen la Ley del Patrimonio.