Madrid y Vitoria intentarán abrir una vía estable de comunicación

Los gobiernos central y vasco se volverán a sentar hoy alrededor de una mesa, en Madrid, después de 16 meses de tormentosas relaciones y discrepancias contables que en el caso del Cupo alcanza la cifra de 32,2 millones de euros que Vitoria dejó de pagar al central. Aunque cada administración acude con un orden del día diferente, fuentes de ambas esperan que la cita desatasque el conflicto del Cupo, y siente las bases para hablar de temas como el coste del Prestige, la financiación de la ampliación de la Ertzaintza y la renovación del pacto de estabilidad presupuestaria.

Portavoces de los dos gobiernos se mostraron ayer cautelosos respecto a los logros de la cita, porque son conscientes de que unos y otros llegarán a la mesa de negociaciones con objetivos diferentes. La administración central considera prioritario sellar un acuerdo básico que impida al Gobierno vasco tomar decisiones unilaterales como la de no pagar los 32,2 millones de euros que dejó de ingresar en la Hacienda central en abril, de los 341 que correspondían a la liquidación del Cupo -cantidad a pagar por los servicios prestados y no traspasados por la administración central- de 2001.

El ministro Cristóbal Montoro aunque no lo consideró una cuestión previa le dio una extrema importancia en la carta que remitió a la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia, el pasado jueves 10 de julio: "Se trata de sentar las bases de cual debe de ser el comportamiento institucional", en caso de discrepancia. Fuentes de la Hacienda Central indicaron ayer que la consecución de ese objetivo sería un extraordinario precedente para seguir hablando del resto de temas que pondrá sobre la mesa el Gobierno vasco. Los negociadores de Madrid estarán encabezados por el ministro Cristóbal Montoro, el secretario general de Política Fiscal y Autonómica, Rafael Cámara y los secretarios de Estado de Hacienda y de Presupuestos, Estanislao Rodríguez y Ricardo Martínez.

Factura de 36 millones

Mientras tanto el Gobierno vasco considera que todos los asuntos pendientes tienen un valor en sí mismos, y se presentará no sólo con su liquidación del Cupo de abril, sino que además remitirá a los negociadores de Madrid una factura de cerca de 36 millones de euros que el Gobierno de Ibarretxe lleva gastados con el desastre del Prestige. Esa factura, cerrada a 30 de abril era de 32 millones de euros, casi la misma cantidad que no pagó a Madrid en concepto de Cupo. Posiblemente el Gobierno vasco intentará, en el peor de los casos, poner el contador a cero con esas dos cifras, y así evitar que la administración central le deje de ingresar 32,2 millones de la compensación que tienen que hacer a finales de julio en concepto de IVA e impuestos especiales.

Los Gobierno central y vasco no se reunían desde el encuentro "histórico" del seis de marzo de 2002, en el que ambas administraciones dieron al Concierto Económico el carácter de indefinido, después de 20 años de vigencia. Un total de 16 meses en los que la relación se ha deteriorado considerablememte y el diálogo no ha pasado del género epistolar. En febrero de este año la administración central ofertó por carta al Gabinete del lehendakari Juan José Ibarretxe el traspaso de las políticas activas de empleo, en lo que fue el primer contacto desde setiembre de 2002. Aunque fue rechazado, también por carta, el tímido intento de restablecer el diálogo fue el primer movimiento de Madrid desde el discurso de política general con el que Ibarretxe abrió el curso 2002-2003.

Desafío

El desafío que lanzó el lehendakari durante el debate, cuando advirtió de la posibilidad de asumir unilateralmente hasta 17 competencias no traspasadas, y después descontar el gasto de los pagos cuatrimestrales del cupo, provocó que Madrid congelara las relaciones con el País Vasco.

Pero además del deterioro de las relaciones, en estos 16 meses el Gobierno vasco ha acumulado una lista de temas que hoy va a plantear al Gobierno central. Zenarruzabeitia además de la factura del Prestige, quiere cerrar ya el capítulo de la financiación de la ampliación de los 200 agentes de la Ertzaintza. Sobre la mesa estarán también la actualización del acuerdo de estabilidad presupuestaria, es decir el pacto de déficit cero, que el Gobierno vasco cumple desde 2001, y se propondrá definir ya la regularización financiera de las transferencias pendientes.