Regresiones escolares

Acaban de aprobarse los primeros decretos de aplicación de la Ley de Calidad de la Enseñanza, cuyos efectos empezarán a notarse a partir del próximo curso escolar. Será el momento de contrastar si llevaba o no razón el sector de la comunidad educativa que se opuso a determinados cambios por considerarlos regresivos respecto de la LOGSE, vigente desde 1990. Los argumentos en contra son sólidos: persiste la indefinición sobre los recursos que es preciso movilizar, no hay valoración de costes y no se ha debatido el esfuerzo económico preciso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La ministra de Educación, Pilar del Castillo, insiste por el contrario en que las reformas programadas no requieren de nuevos recursos y son, sobre todo, una "reorganización" de la enseñanza. Pero no hay reforma que mejore el nivel de calidad de la enseñanza a coste cero.

El otro aspecto en que se ha producido una modificación importante es el relativo a la enseñanza de la Religión. La regulación de esta asignatura confesional, elevándola al rango de asignatura evaluable y computable en pie de igualdad con el resto, es dudoso que sea compatible con un Estado no confesional en el que las creencias religiosas pertenecen al ámbito privado. No es aceptable que una casta especial de profesores esté exenta de cumplir los requisitos de control y evaluación por parte de los poderes públicos que cumplen los demás, y que dependan, en su selección y en su carrera académica, del episcopado; aunque, eso sí, pagados con fondos públicos. Ni es aceptable que se equipare una asignatura sobre el hecho religioso en general, de contenido histórico y filosófico, no confesional, con otra que no es sino catequesis. En este aspecto, el Gobierno del PP ha retrocedido hacia planteamientos anteriores a la transición y el pacto constitucional y se ha adentrado por caminos que nunca debieron reabrirse.