Editores y bibliotecarios se comprometen a luchar por el derecho a la lectura

"El derecho a la lectura tiene, en las bibliotecas públicas, su máxima expresión de garantía. En un mundo de incesante producción informativa, de infinidad temática y multiplicidad de soportes, las bibliotecas son el instrumento que permite al ciudadano el acceso libre a dicha información, en plena libertad de oportunidades". Así empieza la llamada Declaración del Palacio de la Magdalena, con la que ayer se clausuró el curso sobre El derecho a la lectura: las bibliotecas, que se ha celebrado en el marco del 19º Encuentro sobre la Edición, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander.

"Vamos a suscribirlo todos, porque en principio no hiere ni lesiona a ninguno de los colectivos", afirmó el secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca. Horas antes, algún representante de la Administración central había mostrado su preocupación por si el documento resultaba demasiado crítico. "Garantizar la existencia y alimentación continuada de una red de bibliotecas públicas con las instalaciones y equipamientos necesarios, el personal debido, los horarios adaptados y una colección bibliográfica suficientemente dotada y actualizada, debe constituir una aspiración irrenunciable de nuestra sociedad, un compromiso explícito de las administraciones públicas y una firme decisión de los poderes legislativos", se dice en la declaración, que fue recibida con aplausos por editores y bibliotecarios.

Los representantes de las administraciones en general hablaron de cifras y datos globales, pero no parecieron dispuestos a entrar en el detalle concreto. Exhibieron cierto triunfalismo (es cierto que en 20 años se ha conseguido más que durante toda la historia de España), que los editores, en primer lugar, y también muchos bibliotecarios se encargaron de rebajar. Se ha hecho mucho, pero queda mucho por hacer.

Editores y bibliotecarios comentaron, finalizado el encuentro, que hubieran preferido menos citas poéticas de Luis Alberto de Cuenca y más datos concretos. Por ejemplo, les hubiera encantado que el secretario de Estado de Cultura hubiera anunciado una mayor inversión para la compra de libros para las bibliotecas.

En su declaración, bibliotecarios y editores, que anunciaron su intención de crear una plataforma de encuentro permanente, pidieron la colaboración del Gobierno para "el desarrollo bibliotecario" también en los países de habla hispana. "Leer es una de las expresiones más genuinas y enriquecedoras de nuestra condición humana, factor de cohesión social e instrumento básico para el desarrollo personal y colectivo", concluye el documento.

La Declaración del Palacio de la Magdalena fue precedida por un Manifiesto de la utopía, que propuso y leyó el editor Alejandro Sierra, de Trotta. Por proponer que no quede: 1) Crear una especie de bolsa de libros para dotar a las bibliotecas, incluyendo incluso el trueque y el intercambio de libros. 2) Crear una agencia que evalúe la calidad de las bibliotecas y que emprenda un riguroso inventario de las culturas ausentes y se encargue de rellenar los huecos. 3) Instituir un negociado que incentive las donaciones o compras de bibliotecas privadas. 4) Crear bibliotecas en los parques, en las cárceles, en las salas de espera de los hospitales... 5) Que cada vez funcione más el boca-oreja y que haya trasiego de libros en las conversaciones.

Francisco Jarauta, catedrático de Historia de la Filosofía de la Universidad de Murcia, hizo un maravilloso recorrido por cinco grandes bibliotecas del pasado para llegar al momento en que se instituye el derecho del lector, ya no a enterarse sino, sobre todo, a tener la libertad de la propia interpretación personal. "El libro no desaparecerá, pero tenemos que aceptar el reto de su transformación". Recordó que, en Occidente, vivimos en una sociedad privilegiada y alertó sobre cómo han cambiado todos los registros. "La información no se ha democratizado, ha perdido valor. Hemos de evitar que la play station sea el modelo de aprendizaje".