El Tribunal Superior anula dos normas de Trabajo sobre reparto de subvenciones

Cuarto varapalo judicial al Gobierno de la Generalitat en cinco días. Después del revolcón por la prohibición de una obra de Salvador Távora y de otras dos sentencias en contra por los consejos comarcales, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó ayer una resolución que anula dos órdenes de 1997 del Departamento de Trabajo que regularon las subvenciones para el año siguiente dedicadas a formación ocupacional y de parados. La sentencia asegura que el reparto de ese dinero público -20.000 millones de pesetas- vulneró los principios de objetividad, publicidad y transparencia.

La sentencia se produce después de que 13 academias que organizaban esos cursos se sintiesen discriminadas y recurriesen contra la distribución de las ayudas. El primer firmante del recurso es el grupo Méndez, que en su día se querelló por prevaricación contra el entonces consejero de Trabajo, Ignasi Farreres. El caso quedó archivado.

En la práctica, la sentencia no tiene efectos directos porque no se pronuncia sobre la devolución del dinero, aunque sí es la constatación contundente de que la normativa utilizada por Trabajo para repartir esas subvenciones a los centros de formación era totalmente ilegal. En 1999 se empleó el mismo sistema y en 2000 se modificó ligeramente, con el consejero Lluís Franco. El detonante fue el llamado caso Pallerols, que investiga un juzgado de Barcelona por supuesta financiación irregular de Unió Democràtica con fondos destinados a cursos de formación entre 1994 y 1998.

El Tribunal Superior censura que las órdenes de Trabajo no concretasen la cuantía total de las subvenciones, ni los criterios empleados para repartirlas ni para fijar el coste de cada curso. "Tratándose de subvenciones en régimen de pública concurrencia, la concreción de la cuantía no sólo es una exigencia de legalidad y una garantía del interés público, sino que es también una garantía de los derechos de los ciudadanos", aseguran los jueces. La sentencia ha sido dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC y la ponente ha sido la magistrada Núria Cleries.

Presupuesto desconocido

Al no concretarse las cuantías de las subvenciones que repartir, el tribunal considera que se vulneró el principio de legalidad presupuestaria. Pero añade que, además, se vulneraron los principios de "objetividad, publicidad y transparencia" que regulan la concesión de subvenciones públicas, porque las academias desconocían al pedir las ayudas cuánto dinero se otorgaba a esos programas y cómo se distribuían las partidas. Por si fuera poco, la sentencia también recuerda que no existió el correspondiente estudio financiero, con lo que se vulneró la ley de 1989 de régimen jurídico de la propia Generalitat.

Además, el Tribunal Superior censura que el Gobierno autónomo no diera explicaciones públicas de cómo se repartieron las subvenciones, y esa omisión, por sí sola, "vicia de nulidad" la normativa de Trabajo. "El respeto al principio de igualdad de trato o de no discriminación obligan a la Administración a dar publicidad adecuada de los resultados de la convocatoria pública", se afirma en la sentencia.

El Departamento de Trabajo de la Generalitat declinó ayer pronunciarse sobre la resolución judicial hasta que la analicen sus servicios jurídicos.

Por su parte, el diputado socialista en el Parlament Josep Maria Rañé afirmó: "La importancia de la sentencia es que reconoce que el sistema empleado era arbitrario y gratuito, y que eso favoreció a algunos, como Pallerols". Con todo, Rañé recordó que "sería injusto no reconocer que en aquella época se impartió formación de parados, pero queda claro que era necesario otro marco nomativo". El diputado socialista cuantificó en 20.000 millones de pesetas el dinero que la Generalitat destinó a formación ocupacional en 1998. Aproximadamente la mitad procedían de las transferencias presupuestarias del Inem y otros 4.500 millones, del Fondo Social Europeo.

Del mismo modo, el diputado de ERC Josep Huguet afirmó que después de esa sentencia "pueden estallar otros casos similares" al de Pallerols e insistió en que la resolucón judicial "confirma el mal uso del dinero público por parte de Trabajo".