Varapalo de los tribunales a la política territorial de la Generalitat

El Gobierno catalán sufrió ayer un severo correctivo a su política territorial. La ley de reforma del sistema de elección de los consejos comarcales, que CiU ha demonizado, fue respaldada por el Tribunal Superior de Justicia. La sentencia obliga al Ejecutivo de Jordi Pujol a aplicar la ley aprobada en abril por el Parlamento con los votos de la izquierda y el PP. De esta manera, CiU pierde la mayoría absoluta en 12 consejos comarcales.

Para remachar el clavo judicial, otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el decreto de la Generalitat de 1998 sobre reparto de fondos de ayuda a los consejos, por un importe global de más de 3.745 millones de pesetas (22,51 millones de euros), por considerarlo arbitrario y nada proporcional.

El pasado mes de abril, el Parlamento catalán, con la oposición de Convergència i Unió, reformó la ley de elección de los consejos comarcales, que databa de 1987, cuando los nacionalistas tenían mayoría absoluta. La nueva ley es mucho más proporcional y prima el número de votos obtenidos por cada partido por encima del número de concejales. La ley de 1987 beneficiaba principalmente a CiU, hegemónica en la Cataluña rural.

Los nacionalistas, después de un sinfín de estratagemas legales para impedir la aplicación de la nueva ley, recurrieron ante la Junta Electoral Central, que falló a su favor. Pero ayer el Tribunal Superior revocó el dictamen de la Junta y obliga a la Generalitat de Cataluña a constituir los consejos comarcales según los criterios de la nueva ley.

El Tribunal Superior no podía ser más categórico en su resolución. La sentencia califica de "absurdo" que la Junta Electoral Central admitiera la "indefensión jurídica" planteada por el Gobierno catalán. Y le reprocha que adoptara su resolución "sin ni siquiera oír a los demás partidos políticos". Los jueces extienden sus críticas al Ejecutivo de CiU, al recordar que las resoluciones de la Junta no son "vinculantes ni a nivel administrativo ni mucho menos jurisdiccional".

Petición de ceses

Los mayores reproches, no obstante, se los llevan el Gobierno catalán y el partido que lo sustenta, CiU. El tribunal defiende la mayor "proporcionalidad" de la nueva ley y rechaza el argumento de CiU de que resta representatividad a los pequeños municipios.

Respecto al argumento de la federación nacionalista de que la ley se aprobó cuando ya estaban convocadas las elecciones municipales, el tribunal entiende que no supone "indefensión jurídica", pues los consejos comarcales no son de designación directa (a través de las urnas) y que, además, aún no había empezado la campaña electoral. Como colofón, la izquierda y el PP pidieron ayer la dimisión del consejero de Gobernación, Josep Maria Pelegrí.Nada más conocerse la sentencia, la oposición de izquierdas y el PP -crecidos por la resolución judicial y críticos con lo que han considerado argucias dilatorias de CiU- reclamaron la dimisión del consejero. Los portavoces no ahorraron calificativos.

El socialista Miquel Iceta acusó al consejero de "pisotear" y "desobedecer" al Parlamento. Alberto Fernández Díaz, del PP, manifestó: "El pluralismo se ha impuesto por encima del sectarismo político con el que CiU y el Gobierno han actuado".

Jaume Oliveras, de Esquerra Republicana de Catalunya, se felicitó por la sentencia tras los "filibusterismos parlamentarios de CiU para retrasar la voluntad del Palamento". Joan Boada, de Iniciativa Per Catalunya-Verds, responsabilizó directamente al conseller en cap, Artur Mas. Por su parte CiU anunció que estudia recurrir al sentencia ante el Constitucional.