Bruselas destituye al jefe de Eurostat por el escándalo de la venta de datos

Bruselas optó ayer por poner las cartas boca arriba y difundir datos sobre el mayor escándalo del actual Ejecutivo comunitario. Eurostat, la oficina estadística de la Comisión, con sede en Luxemburgo, ha cometido "infracciones graves", tiene una "doble contabilidad", ha firmado "contratos ficticios", ha aceptado "ofertas falsas" y ha manejado cuentas y fondos ocultos gestionados por sus responsables. Su director general, el francés Yves Franchet, fue sustituido ayer mismo por este escándalo que salpica al propio presidente de la Comisión y a tres comisarios, uno de ellos el español Pedro Solbes.

El listado de graves irregularidades es enorme. A las citadas se suman contratos "difíciles de explicar", eliminación de información en documentos elaborados años atrás por auditorías internas o supuestas maquinaciones de la oficina estadística para otorgar contratos a empresas que luego manejaban las cuentas ocultas de manera conjunta con Eurostat. Algunas de esas empresas han quebrado y, por tanto, no se descarta que "algunos fondos hayan podido desaparecer".

Resulta inexplicable, reconocían fuentes de la Comisión, que hasta ayer no se hubieran conocido datos concretos, cuando desde 1998 ya se habían lanzado varias alertas. Entre ese año y el siguiente, en Eurostat hubo "instrucciones orales" para que desaparecieran esas prácticas, pero no se hizo "de forma ordenada" y hoy es el día en que aún se desconoce qué cuentas ocultas siguen abiertas, cuánto dinero hay o ha desaparecido. Sólo hay datos oficiosos manejados en el Parlamento Europeo, según los cuales la caja B dispuso de unos 900.000 euros entre 1996 y 1999.

En 2002, la Comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara ya alertó de posibles irregularidades y, en paralelo, la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF) lanzó una investigación. La Comisión reiteró ayer que los informes y auditorías nunca llegaron "ni a los servicios centrales ni al nivel político". En este segundo escalón se encuentran el presidente del Ejecutivo comunitario, Romano Prodi; el comisario de Asuntos Económicos, Pedro Solbes, de quien depende Eurostat; la comisaria de Presupuestos, Michaele Schreyer, y el vicepresidente y comisario para la Reforma Administrativa, Neil Kinnock, quien ayer dijo que no se había reaccionado antes porque "no había pruebas".

La Comisión no entró en materia hasta el 21 de mayo, cuando los medios de comunicación ya habían difundido abundantes noticias al respecto. El 11 de junio apartó provisionalmente de su puesto a Franchet y encargó una investigación al Servicio de Auditoría Interna (SAI) y al director general provisional, Michel Vanden Abeele, confirmado ayer en el cargo.

Ayer, el Ejecutivo comunitario decidió difundir lo que ya sabe por el momento, después de que Solbes y Kinnock informaran a los jefes de filas del Parlamento. Uno de los datos más preocupantes es la relación de Eurostat con la empresa francesa Planistat, que tiene filiales en Luxemburgo, Bélgica, Estados Unidos y España (en Alcobendas). Planistat, sospecha la Comisión, ha sido seguramente la más beneficiada de las prácticas irregulares. Creada en 1991, de inmediato firmó contratos con Eurostat para comercializar sus bases de datos (oferta por Internet 180 millones de datos de los Quince) o hacer estadísticas para la Comisión. En los últimos diez años, suscribió 58 contratos por valor de 49 millones de euros. Todos ellos quedaron ayer suspendidos.

Los tres comisarios mencionados calificaron ayer de "extremadamente grave" lo ocurrido y expusieron las medidas adoptadas: cese de Franchet y de su adjunto, Daniel Byk; los directores de la oficina pasan a ser simples consejeros; un grupo de 20 funcionarios de la Comisión se dedicarán a investigar lo ocurrido en colaboración con la OLAF (jueces de París también tienen una causa abierta); antes del 18 de julio habrá una decisión sobre el destino de los jefes de unidad que manejaban las cuentas ocultas.

El presidente del Parlamento, Pat Cox, calificó de "decepcionante" que no se hubiera actuado antes. La presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, Diemut Theato, recordó que ya lo habían avisado en la Eurocámara, y el jefe de las filas socialista, Enrique Barón, alabó la reacción de la Comisión y pidió que no se paralice la actividad de Eurostat. Es eso precisamente lo que garantizó el comisario Solbes, puesto que los datos de Eurostat son necesarios para la ampliación, el control de cumplimiento del Pacto de Estabilidad o la próxima revisión de las perspectivas financieras y de los fondos estructurales.