Un ex torturador argentino gana las elecciones en Tucumán

La tragedia argentina duele allí donde se toca con el pasado impune. El general retirado Antonio Bussi, de 77 años, considerado uno de los criminales más feroces de la sanguinaria dictadura militar de los años setenta, fue proclamado ayer alcalde de San Miguel, capital de la provincia de Tucumán. Bussi venció por 17 votos -80.188 a 80.171- al candidato Gerónimo Vargas Aignasse, de 32 años, hijo de un senador desaparecido en 1976. El PJ recurrirá ante la justicia.

La primera versión de la historia parece escribirse siempre en la subtropical Tucumán, la provincia argentina que saltó a las portadas de la prensa internacional a fines del pasado año cuando los niños desnutridos ingresados en el hospital regional comenzaron a morir uno detrás de otro. El Plan Contra El Hambre Más Urgente que el presidente, Néstor Kirchner, anunció el pasado lunes atenderá ahora la emergencia que se reproduce y afecta ya a 1.400.000 familias en todo el país, según una investigación del Banco Mundial.

En Tucumán, 1.240 kilómetros al norte de Buenos Aires, se declaró el 9 de julio de 1816 la independencia definitiva de España que se festeja hoy en todo el país. Allí se instaló el primer campamento guerrillero a fines de los años sesenta. En los montes tucumanos comenzó el "Operativo Independencia" de las fuerzas armadas que liquidó en 1975 a los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo. El general Antonio Bussi, enviado por el comandante Jorge Videla, llegó en 1977 para hacerse cargo de la gobernación en nombre de la dictadura militar y extendió la represión a toda la oposición política.

Una vez retirado, libre de proceso en Argentina, donde le amparan las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida dictadas en 1987, el general fundó Fuerza Republicana y, ya en democracia, se presentó a elecciones. Fue primero diputado nacional, entre 1993 y 1995, y luego gobernador, entre 1995 y 1999. Terminó su gestión acosado por las denuncias de corrupción. El gobernador no pudo explicar el crecimiento de su patrimonio ni las cuentas en Suiza. Se postuló como diputado en las elecciones siguientes y su partido obtuvo los votos necesarios para ocupar la banca, pero el Congreso recogió las acusaciones y le rechazó por "inhábil moral".

El juez español Baltasar Garzón reclamó al Gobierno argentino la detención con vistas a la extradición del general Bussi, acusado de genocidio por familiares de las víctimas. La petición fue rechazada por un decreto del Ejecutivo que el actual presidente se dispone a derogar. "La defensa de los derechos humanos no tiene por qué ser interpretada, de aquí en más, como una política en contra de las Fuerzas Armadas", afirmó Kirchner en el discurso previo a la tradicional cena anual de camaradería que reúne a los altos mandos la noche anterior al 9 de julio. El presidente, en su condición de comandante en jefe, les recordó: "Fue doloroso que nos enfrentáramos entre argentinos. No parece justo que se pretenda identificar las acciones de unos con las instituciones, (...) hay que separar la paja del trigo, hacerse cargo cada uno de lo que hizo". La reconciliación nacional, advirtió Kirchner, no puede alcanzarse mediante "el silencio o la complicidad".

Vargas Aignasse, el candidato derrotado por Bussi, reconoce en el general "a un representante de los asesinos" de su padre, pero dice que no recurrirá ante la justicia para que se realicen nuevamente las elecciones en ocho mesas impugnadas, unos 3.600 electores que podrían volcar el resultado a su favor. En opinión del joven candidato, el valor superior a proteger es la democracia: "La elección está perdida; la Junta Electoral realizó un trabajo honesto e imparcial, y las jóvenes generaciones tenemos que dar ejemplo de respeto y sometimiento al veredicto de las urnas". Sin embargo, el Partido Justicialista ya ha anunciado que pedirá la repetición de las elecciones en las mesas impugnadas. Además, la justicia electoral tiene pendiente resolver una impugnación por la que Bussi es todavía un candidato provisional.