Aguilar decide desmarcarse del conflicto sobre el edificio Noreña

La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, se desmarcó ayer del conflicto sobre el proyecto de construir un centro de salud en la antigua residencia militar Teniente Coronel Noreña y redujo el problema a las "desavenencias" entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía a la hora de la demolición. La principal discrepancia entre ambas administraciones consiste en dirimir cuál es la que debe autorizar el derribo. El Gobierno central -propietario del inmueble que fue cedido a la Administración andaluza para uso sanitario- exige que el Ejecutivo autonómico le pida permiso para la citada obra, mientras que la Junta cree que no es legalmente necesario.

Aguilar supeditó cualquier actuación en el edificio a la solución de este problema. Sea o no necesario el permiso burocrático para el derribo, el plan de trabajo para la descontaminación del edificio, que alberga unos 100 metros cúbicos de amianto, fue aprobado por la Delegación de Empleo el pasado 17 de junio, sin que hasta ahora hayan comenzado estas obras previas, adjudicadas a la empresa Protisa. Tras mantener una reunión con la alcaldesa, el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Antonio Márquez, reiteró que los costes de la descontaminación y el derribo correrán a cargo del Ayuntamiento.

Márquez apuntó que existe un convenio del anterior presidente de la Gerencia de Urbanismo, José Mellado, con la Consejería de Salud por el que el Ayuntamiento sufraga los gastos de retirada del amianto y el derribo mientras que el Gobierno andaluz costea la construcción del centro de salud en la zona de mayor expansión urbanística de Córdoba.