La reforma de la PAC abre el debate sobre la nueva OCM del aceite de oliva prevista para 2004

El reciente acuerdo de la Unión Europea para reformar la Política Agraria Común (PAC) no incluye el capítulo fundamental de las subvenciones andaluzas, el aceite de oliva, que algunos años supone la mitad de los fondos a la producción que recibe la comunidad autónoma. Con la nueva OCM del aceite, que debe entrar en vigor en noviembre de 2004, la Comisión Europea pretende pagar la mayor parte de la ayuda en función de la superficie. La Junta quiere más dinero y desde las cooperativas se plantea que una parte de la ayuda se entregue a las asociaciones de productores.

La Comisión Europea pretende que la nueva organización común de mercado (OCM) del aceite de oliva entre en vigor en noviembre de 2004. Como el Parlamento Europeo se disuelve a primeros de mayo (hay elecciones en junio) y debe ratificar el nuevo sistema de ayudas, eso significa que los ministros de Agricultura lo tendrían que aprobar en abril, como tarde. Faltan, pues ocho meses útiles, si se descuentan las vacaciones. En Andalucía, de un total de fondos del Feoga garantía de 1.665 millones de euros anuales, el aceite de oliva puede llegar algún año (la campaña 1996-97 fueron 863 millones) a significar la mitad de ese cheque.

Ante la inminencia de una propuesta comunitaria, ya ha habido algunos pronunciamientos de la Junta de Andalucía. El consejero de Agricultura, Paulino Plata, está convencido de que "el futuro está en el mercado y en los nuevos reglamentos tiene que dedicarse una parte importante de dinero suplementario a la promoción de este producto". Plata también reclama "un sistema mixto de ayudas a la producción y a la superficie que permita la rentabilidad de todos".

Las organizaciones agrarias andaluzas, ASAJA, UPA y COAG, preferirían que la reforma se aplazara un par de años, pero desde Bruselas se recuerda que la Ronda del Milenio de la Organización Mundial de Comercio (OMC) obliga a eliminar las subvenciones directas a la producción agraria, que la terminología de las conversaciones califica como caja ámbar. La filosofía de la reforma está basada en el principio de que hay que calcular una buena parte de las subvenciones en función de la superficie (caja azul) y no de la producción. "Se parte de la idea de que, como en la reforma aprobada el pasado jueves para los cereales, las explotaciones que reciban más de 5.000 euros verán reducidos sus ingresos en un 5%, para dedicar más dinero al desarrollo rural (caja verde, para la OMC) y que un 75% se podría pagar en función de la superficie y un 25% en relación con la producción", afirma una fuente comunitaria.

Otro convencido de que el futuro está en el mercado es Antonio Luque, que está ultimando la fusión de las dos cooperativas de olivareros de segundo grado más importantes de España (Hojiblanca y Cordoliva), para constituir el primer productor mundial de aceite. Luque propone que "la parte que se pague por la producción no vaya directamente al agricultor, sino a las agrupaciones de olivareros, para fomentar estructuras industriales y comerciales fuertes". Esta imaginativa pretensión se podría asemejar al sistema de ayudas en frutas y hortalizas. Un inconveniente para esta iniciativa sería la posición de Italia y Grecia, que acaban de imponer en el acuerdo del jueves que en frutos secos no se pague a las agrupaciones de agricultores, sino directamente a los agricultores. El objetivo de orientar el pago hacia las cooperativas es acabar con una de las debilidades de un sector como el andaluz que es líder mundial, pero vende casi toda su producción a granel. José María Loring, de ASAJA, apunta que "un reparto aceptable del nuevo sistema sería 20% en función de las hectáreas y un 80% por kilos". Loring también reclama "un plan de regionalización de la producción como el que se ha aplicado en cultivos herbáceos, que pague más en las zonas de más rendimiento". Su argumento es que "de los 2,3 millones de hectáreas de olivar español, Andalucía tiene 1,3 y sin embargo esa superficie supone casi el 85% de la producción de aceite".

La Comisión ha filtrado una cifra indicativa de ayuda por hectárea, que estaría en torno a las 410 euros. Si se aplica a las 1,5 millones de hectáreas que aparecen en las últimas estadísticas regionales la factura andaluza sólo llegaría a 616 millones de euros, frente a una media superior a los 800 en la actualidad (entre el 80% y el 85% de los 1.000 millones de euros, que es el cheque anual del aceite de oliva español). Sin un baremo de rendimientos, la pérdida para Andalucía sería notable. Otro problema colateral es el de los árboles plantados desde la reforma de 1998, en la que se prohibieron nuevas plantaciones con derecho a ayudas. Hay unas 150.000 nuevas hectáreas de cultivo en España de las que más de un tercio se han plantado en Andalucía.

El debate que se abre tiene otros muchos soportes. El consejero Plata reclama "que la nueva OCM se haga en base a la realidad de la producción". En 1998 se aprobaron unas cantidades nacionales garantizadas de 760.027 toneladas para España, 543.164 para Italia; 419.529, Grecia; 51.244, Portugal y 3.297, Francia. Con un precio por kilo de 1,32 euros. La cantidad máxima de dinero es fija. Si la producción es mayor, se cobra menos por kilo. En España las penalizaciones medias han sido del 30,5%, en Grecia del 13,5% y en Italia del 10%. Francia y Portugal no suelen tener. Loring subraya que "en la reforma de 1998 se dijo que era provisional y que se verificaría la capacidad de producción de cada uno en las declaraciones de los años siguientes; cinco años después, España con un 52% de la producción europea, ha recibido el 42% de las ayudas, ese es el punto de partida que hay que cambiar".