La línea de puntos

El auto dictado el 18 de junio por la Sala Especial del Supremo con el fin de adoptar las medidas conducentes a la "material y definitiva ejecución" de la disolución del Grupo Parlamentario Sozialista Aberzaleak (SA) significa un nuevo paso en la confrontación de las instituciones de la comunidad autónoma, democráticamente elegidas, con el Poder Judicial, garante del Estado de derecho. La resolución del Supremo preparó el terreno a la querella interpuesta dos días después por la Fiscalía General -ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco- contra el presidente de la Cámara, el vicepresidente y la secretaria de la Mesa, acusados de un delito de desobediencia por su negativa -"concluyente aunque enmascarada habilidosamente"- a cumplir la orden previa "clara y expresa" de disolver ese grupo parlamentario.

Antes de que fuese dictado ese auto e interpuesta esa querella la semana pasada, las airadas protestas de los partidos integrados en el Gobierno vasco contra otras resoluciones judiciales previas habían iniciado ya una peligrosa deriva hacia el abismo. En su esquizofrénica estrategia orientada a que la condena formal de ETA sea compatible con la protección legal y política de organizaciones vinculadas al entramado terrorista, el PNV viene deslegitimando a los jueces siempre que sus resoluciones amenazan la impunidad del mundo de Batasuna; de creer a Xabier Arzalluz, los únicos magistrados españoles merecedores de respeto serían Joaquín Navarro Estevan y Javier Gómez de Liaño. Las medidas cautelares adoptadas el verano pasado por el juez Garzón contra el brazo político de ETA fueron respondidas de forma extemporánea por el Gobierno vasco con una absurda querella por prevaricación. La ilegalización de Batasuna por el Supremo y la posterior interdicción de las agrupaciones de electores promovidas por el nacionalismo radical para los comicios municipales también recibieron la condena de los partidos nacionalistas.

El actual conflicto institucional nace de la contestación negativa dada el 6 de junio por la presidencia de la Cámara vasca al requerimiento del Supremo cursado el 20 de mayo para que llevase a efecto la disolución del grupo parlamentario de Batasuna. Desde un punto de vista jurídico, se trata de un caso complicado; si algún dibujante malicioso trazase -como las adivinanzas infantiles- una línea de unión entre los puntos marcados por los precedentes de hostilidad nacionalista al Poder Judicial podría descubrir, sin embargo, una estrategia rupturista. En cualquier caso, la Cámara disponía de argumentos jurídico-constitucionales capaces de justificar la "imposibilidad" de cumplir el mandato del Supremo: el principio democrático, la autonomía parlamentaria, la separación de poderes, la representación política y la inviolabilidad de los diputados cuando expresan votos y opiniones forman parte de la fundamentación de ese rechazo. Por otro lado, el Supremo se mostró impreciso al formular inicialmente su orden: la sentencia de disolución de Batasuna no hizo mención explícita a su grupo parlamentario y el auto de 20 de mayo sólo requirió del presidente y de la Mesa que "sin demora" llevase "a efecto la disolución acordada" por dicha resolución. El auto de 18 de junio, en cambio, interpreta que la Sala Especial "procedió a disolver por si" el grupo SA y sólo encomendó al Parlamento vasco "los simples actos de materialización" de "la realidad de esa forma constituida.

La Sala Especial critica la negativa del Parlamento de Vitoria a cumplir su orden y acuerda medidas de "ejecución subsidiaria" para lograr la completa disolución de SA: mientras el Interventor General deberá embargar las subvenciones recibidas y el Letrado Mayor retirar el uso de cuantos locales y medios materiales disfrute, el presidente y la Mesa de la Cámara son requeridos a que impidan al grupo SA el ejercicio de una amplísima gama de actividades parlamentarias (desde el voto en la Junta de Portavoces hasta la capacidad para proponer el candidato a lehendakari, pasando por su participación en plenos y comisiones). Sucede, sin embargo, que esa sumaria ejecución de Batasuna es una pescadilla que se muerde la cola: los siete diputados del grupo disuelto conservarán sus escaños y podrán seguir desarrollando sus actividades parlamentarias "a título individual o como miembros del Grupo Mixto".