El Supremo de EE UU da un apoyo limitado a la discriminación positiva racial en la Universidad
Los jueces respaldan las medidas siempre que sean personalizadas y no generan cuotas
Las universidades de EE UU pueden y deben mantener medidas de protección para que las minorías raciales estén representadas en su cupo de admisiones, pero ese sistema no puede generar cuotas ni beneficiar automáticamente a todas las solicitudes presentadas por los estudiantes negros, latinos, asiáticos o de cualquier etnia minoritaria. La decisión del Tribunal Supremo la más importante en esta cuestión en los últimos 25 años, establece algunas pautas para que las medidas discriminatorias sean sólo un factor más de selección y que sirvan para favorecer la diversidad racial.
La discriminación positiva en las universidades, diseñada para aumentar el número de estudiantes de grupos étnicos minoritarias, llegó nuevamente al Tribunal Supremo de EE UU como culminación de una demanda presentada en su origen por dos estudiantes. En 1997, la Universidad de Michigan, que posee una de las facultades de derecho más prestigiosas del país, denegó la solicitud de Jennifer Gratz y Barbara Grutter. Ambas demandaron a la universidad porque consideraban injusto que sus solicitudes fueran denegadas mientras se aceptaban otras de estudiantes de razas minoritarias con peor expediente académico que ellas.
La Facultad de Derecho emplea un sistema de puntuación para determinar qué alumnos son admitidos cada año. En una escala de 150 puntos, hacen falta aproximadamente 100 para lograr la admisión. Cualquier estudiante negro, latino, nativo-americano o de cualquier otra raza minoritaria recibe 20 puntos sólo por el color de su piel, independientemente del nivel académico.
Ahora el Tribunal Supremo, por 6 votos contra 3, establece que ese sistema de puntuación automática es inconstitucional, pero al mismo tiempo (por sólo 5 votos contra 4) reafirma la necesidad de favorecer la presencia de minorías raciales en las aulas universitarias. Son dos sentencias complejas y controvertidas que, según las primeras interpretaciones jurídicas, dejan la cuestión en el mismo nivel de controversia en el que estaba y, como siempre, dan trabajo a miles de abogados en todo el país.
Básicamente, los jueces establecen que la discriminación positiva a los miembros de minorías raciales no debe ser automática sino basada en cada expediente, como hacen los rectorados de otras facultades en la misma Universidad de Michigan. La facultad de derecho alegaba que el volumen de solicitudes que recibe cada año (25.000 para sólo 5.200 plazas) complicaba el sistema de admisión. Decidieron establecer una tabla de puntuaciones que permitía determinar automáticamente los alumnos que merecían la admisión. Los 20 puntos que se concedían por pertenecer a una minoría son más de los que recibían los candidatos por algunos de sus logros académicos preuniversitarios. El Supremo establece que ese sistema es inconstitucional porque va en contra de la igualdad de oportunidades.
Eliminado este sistema de puntos, la importancia de la decisión del Supremo está en la segunda de sus sentencias, la que reafirma la necesidad de proteger de alguna manera a las minorías para lograr que estén representadas adecuadamente en las universidades de EE UU. Esa decisión es un jarro de agua fría para quienes confiaban en que el Supremo aprovechase el caso para acabar con la discriminación positiva en las universidades, especialmente ahora que el Tribunal es de mayoría conservadora. El Gobierno de Bush había apoyado la demanda de las dos estudiantes de Michigan pero no se había pronunciado explícitamente en contra de la discriminación positiva en las universidades.
La sentencia que mantiene la protección a las minorías se ha adoptado gracias a que la juez Sandra Day O'Connor se ha aliado con los cuatro magistrados liberales del Supremo. En la sentencia, la juez escribe: "La Constitución no prohíbe el uso meticuloso de la raza en las admisiones para fomentar el interés por obtener los beneficios educativos que se derivan de la diversidad racial en las aulas".
El magistrado conservador Clarence Thomas, el único juez afroamericano entre los 9 del Tribunal Supremo, votó en contra de la discriminación positiva: "El uso de la raza viola la protección igualitaria que concede la Constitución. La Constitución condena cualquier clasificación basada en la raza, no sólo porque esas clasificaciones pueden dañar a las razas favorecidas o estar basadas en motivos ilegítimos, sino también porque cada vez que el Gobierno hace que la raza sea un factor positivo o negativo, nos perjudica a todos".
