La renuncia de Rouco al consenso

Éste es el título de un artículo publicado en marzo de 1998 por el ex ministro socialista de Educación y catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado Gustavo Suárez Pertierra, con motivo de una de las muchas crisis que la enseñanza de la religión católica viene provocando en España.

La idea que expresaba el ex ministro era la misma que los socialistas defendieron en el Congreso de los Diputados en 1979, cuando el Gobierno de Adolfo Suárez y los obispos acordaron la existencia de una asignatura, la ética, que debían cursar obligatoriamente los alumnos que no optasen por la clase de religión.

El consenso que reclama el cardenal Rouco en torno a la enseñanza religiosa parece imposible con los socialistas y choca también con numerosas sentencias judiciales, incluso del Tribunal Supremo. Sostiene el PSOE, como cuestión de principio, que la escuela pública no es el lugar más apropiado para explicar una fe religiosa en un Estado constitucionalmente neutral. "Ninguna confesión tendrá carácter estatal", dice el artículo 16.3 de la Constitución. El mismo párrafo añade: "Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás religiones". De esa redacción no se deriva compromiso alguno, pero el Gobierno de UCD lo adquirió ante los obispos mientras se estaba debatiendo la Constitución, acordando en secreto con la Santa Sede que la religión fuese de oferta obligatoria en todos los centros docentes.

Los sucesivos Gobiernos socialistas, pese a votar el PSOE en contra del Acuerdo de 1979 y sospechar de su inconstitucionalidad -a pesar de lo cual no recurrió ante el Tribunal Constitucional-, respetaron con algunas reformas lo decidido por los Gobiernos de UCD e incluso regularizaron mejor la situación de los profesores de esa asignatura -más de 18.000-, que cada año, desde 1998, son elegidos -incluso despedidos a capricho- por los obispos, aunque contratados y pagados por el Estado.

La alternativa

Los reparos del PSOE se vuelven más radicales ante la presencia de una asignatura alternativa para aquellos que no quieran recibir clases de religión. Para ello cuentan también con una sentencia del Supremo quitando la razón a la Iglesia de Roma. Es en ese terreno donde la provocativa pregunta del ex ministro Suárez Pertierra adquiere relevancia: el cumplimiento por el Estado de su compromiso de habilitar en la escuela pública una clase de religión católica -o de otra creencia- no puede convertirse en una carga para los alumnos que no la reclamen, toda vez que es su opción personal -o la de sus padres- en ejercicio de un derecho.

"¿No es esto como si me obligaran a ir al fútbol a la hora de misa porque otros quieren ir a la iglesia?", se pregunta el ex ministro. Con esta reforma del Gobierno de Aznar el conflicto de la religión vuelve al peor punto de partida.

La religión católica fue durante siglos "la única de la nación española", pero nunca llegó a tanto como en 1953, cuando Franco y Pío XII acordaron el Concordato nacionalcatólico. El Boletín Oficial del Estado de 19 de octubre de ese año lo publicó así: "En el nombre de la Santísima Trinidad, la Santa Sede Apostólica y el Estado español, animados del deseo de asegurar una fecunda colaboración para el mayor bien de la vida religiosa y civil de la Nación española, han determinado estipular este Concordato". Era un texto del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Poco tardaron los españoles en reaccionar con chistes ante aquella recíproca hincada de rodillas. Uno advertía a los peatones sobre los curas motorizados: los tonsurados ya podían saltarse los semáforos porque así se lo permitía el todoprivilegiado Concordato. Era más que una broma: el Concordato, en su artículo primero, definía a la Iglesia católica como "la única de la nación española" y le adjudicaba una categoría ya insinuada en aquella inicial apelación a la Santísima Trinidad. Artículo dos: "El Estado español reconoce a la Iglesia católica el carácter de sociedad perfecta y le garantiza el libre y pleno derecho de ejercicio de su poder espiritual".

Así, los curas podían exigir a la Guardia Civil que "velara por la debida observancia del descanso en los días festivos" -las multas podían ascender a 25 pesetas, según tarifa de la época-; el Estado se comprometía a indemnizar a la Iglesia "por las pasadas desamortizaciones de bienes eclesiásticos"; y en premio a su "contribución a la obra de la Iglesia en favor de la Nación", se le entregaría "una adecuada dotación económica" para sueldos, construcción de templos, el sostenimiento de sus seminarios y universidades, "y para el ejercicio del culto".

Veinte años después, cuando la Iglesia y Franco se estaban tirando los trastos a la cabeza por la rebeldía de una parte del clero secular (la dictadura llegó a abrir en Zamora una cárcel especial para curas), el presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, poco antes de ser asesinado por ETA, se quejó ante el cardenal Tarancón por tal desagradecimiento. La factura, según el recuento del almirante, alcanzaba los 300.000 millones anuales. Tarancón se enfadó muchó por ese recuento y, en sus memorias, cuenta cómo Carrero incluía "entre lo dado a la Iglesia todo el coste de la construcción del Valle de los Caídos".