Hechos, no palabras

Las palabras del primer ministro marroquí ayer en la sede de la Unión Europea ratificando el compromiso de su país con la democracia y las libertades -la de expresión entre ellas- suenan a sarcasmo contra el telón de fondo de la sentencia del Tribunal de Apelación de Rabat que condena a tres años de prisión, uno menos de lo impuesto en primera instancia, al periodista Alí Lmrabet por ultraje al rey y ofensas a la monarquía y a la integridad territorial de Marruecos. Lmrabet, encarcelado desde el 21 de mayo, el mismo día en que fue pronunciada la condena inicial, lleva más de un mes en huelga de hambre y su situación se deteriora por momentos.

Los crímenes del periodista, cuyos dos semanarios satíricos han sido cerrados indefinidamente por los jueces, han consistido en la publicación de algunos dibujos mordaces, información sobre el presupuesto de la casa real, un fotomontaje sobre personajes políticos y extractos de una entrevista, previamente divulgada en España, en la que un antiguo preso político se declaraba republicano. Todo ello, como es patente, gravemente atentatorio contra las instituciones monárquicas y la integridad del reino alauí. Rabat aprobó el año pasado, con la abierta oposición de sus periodistas, una ley de prensa en la que se prevé cárcel para quienes atenten contra los denominados valores sagrados del reino, un arbitrario cajón de sastre de difícil engarce en una sociedad de referentes europeos y teóricamente abierta al siglo XXI.

Marruecos renquea abiertamente en la modernización prometida por Mohamed VI hace cuatro años, mucho más vendida por sus consejeros de comunicación y la propaganda gubernamental que real en la práctica. Sentencias como la de Lmrabet, cuya liberación inmediata pidió ayer el sindicato de prensa marroquí y media docena de organizaciones internacionales, ponen en tela de juicio no sólo la inexistente independencia del poder judicial, sino la pretendida liberalización del país magrebí. Driss Jettu, que no aludió al caso en ningún momento durante su visita a Bruselas, ha insistido en que su país "construye con determinación un Estado de derecho". Pero la consolidación de la democracia, la ampliación de los espacios de libertad y el respeto estricto de los derechos humanos exigen una actitud diferente.

La clase dirigente marroquí tiende a seguir viendo en cualquier disidencia un delito de lesa patria. Pero una cosa es que Marruecos sea un país conservador y tradicionalista y otra distinta que su sistema político mantenga un arcaísmo institucional incompatible con un régimen de libertades.