El proyecto constitucional de la UE recoge el pacto de Niza sobre fondos regionales
El proyecto de Constitución Europea recoge, en lo referente a las perspectivas financieras y a los fondos estructurales, el pacto alcanzado en diciembre de 2000 en la cumbre de Niza, es decir, que serán aprobados por última vez por unanimidad, sin derecho a veto, en la próxima ocasión para el periodo que se inicia en enero de 2007 y que en teoría se prolongarán hasta 2012. Los países contribuyentes netos como Alemania, Reino Unido u Holanda quisieron en Niza que desapareciera el derecho al veto. España lo aceptó a cambio de que se respetara ese derecho sólo una vez más, y así se ha recogido en el proyecto constitucional.
Las perspectivas financieras hoy en vigor corresponden al periodo 2000-2006 y fueron aprobadas, como siempre, por unanimidad, en esa ocasión tras un fuerte rifirrafe entre el canciller Gerhard Schröder y José María Aznar, dada la importancia de los fondos regionales para España (unos 40.000 millones en ese periodo). En los artículos 161 y 183 del Tratado de Niza se recoge que, a partir de 2007, tanto las perspectivas financieras como sus reglamentos, y por tanto los fondos estructurales y el Fondo de Cohesión, serán aprobados por mayoría cualificada.
Así lo recordó hace dos meses la ministra de Exteriores, Ana Palacio, a la Convención que ha redactado el proyecto constitucional. Palacio propuso el siguiente texto para el artículo 54 del proyecto: "El Consejo decidirá por unanimidad cuando adopte el primer marco financiero plurianual tras la entrada en vigor de la Constitución". Puesto que está prevista para 2006, el texto incluido no supone novedad alguna respecto a Niza y fue aceptado sin más reservas en el Presidium de la Convención.
Sin embargo, el periódico británico Financial Times publicó ayer en primera página una información titulada "Los compromisos de la Convención podrían darle a España el veto en los recortes de las ayudas", en la que afirma que España "podría" llegar a usar el veto incluso en las perspectivas financieras que se aprobaran para el periodo 2012-2017. Para ello se basa en que la Constitución Europea podría no estar en vigor hasta después del 1 de enero de 2007 y, por tanto, serían las siguientes perspectivas financieras las que igualmente se aprobarían por unanimidad. Califica el periódico de "concesión" a España el artículo introducido a petición de Palacio, y añade que el Gobierno español ya está muy molesto porque el proyecto constitucional ha cambiado el sistema de voto en el Consejo en perjuicio de España.
"Se me escapa cómo puede encontrarse esa relación, porque yo no la veo por ningún sitio", declaró ayer en Luxemburgo Palacio.Una prueba de que no había otra intencionalidad es que ella misma señalaba que pedía su inclusión para que se mantuviera la unanimidad "en lo relativo a la adopción del marco financiero plurianual [antes perspectivas financieras] que debe sustituir, a partir del 1 de enero de 2007, a las actuales perspectivas financieras". Se refería, por tanto, sólo a ésas, y no a las futuras.
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