Reforma de la reforma indígena

"Si nadie está contento con la reforma indígena, ¿por qué no reforman la reforma?", se preguntó, en San Cristóbal de Las Casas, Rodolfo Stavenhagen, relator de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas. "Desde Chihuahua hasta Chiapas, todos, incluidos legisladores, me han dicho que no están conformes". Más del 10% de los 100 millones de habitantes de México son indígenas de las 56 etnias existentes, y la autonomía reclamada por muchas de ellas es de compleja aplicación.

La Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas, aprobada por el Congreso en 2001, obligó a cinco cambios constitucionales y amplió la autonomía, pero fue rechazada como insuficiente por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI), que agrupa a la mayoría de las etnias mexicanas. También causó discrepancias entre los partidos. El Congreso enmendó a la baja el texto propuesto en 1996 por la parlamentaria Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), en base a los Acuerdos de San Andrés entre el Gobierno y el EZLN. El Ejecutivo de Ernesto Zedillo (1994-2000) modificó el dictamen aprobado por sus propios negociadores.

El objetivo de las enmiendas introducidas hace dos años por el Senado, durante el arranque de la Administración de Vicente Fox, fue, según explicaron sus principales promotores, en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el oficialista y conservador Acción Nacional (PAN), evitar tentaciones independentistas, colisión de instituciones, agravios comparativos y eventuales choques sociales. Invitado por el Gobierno, Stavenhagen presentará ante la ONU las conclusiones de su viaje oficial, que comenzó el pasado día 2 y concluye este miércoles.

"Es grave la situación de conflicto [en Chiapas], aunque felizmente ha bajado el grado de violencia y eso hay que reconocerlo", admitió el relator. "Pero la gente sigue muy dolida por el arrastre de conflictos no resueltos desde hace varios años, de las divisiones internas, los rezagos, de los desplazados y secuelas de la violencia". Los indígenas son míseros entre sus compatriotas pobres, sin agua ni luz en sus hogares, y el índice de mortalidad de sus mujeres parturientas es tres veces mayor al del resto de mujeres mexicanas, según la investigadora Gisela Espinosa.

El Gobierno de Vicente Fox, según los cargos del CNI, simuló hacer suya la iniciativa de la Cocopa, y la ley finalmente aprobada suprimió el derecho a la autonomía territorial de sus comunidades y no las reconoce como sujetos del derecho público. Varios portavoces la consideraron una "provocación de guerra" contra los indígenas, porque no ayudará a solucionar sus ancestrales problemas de marginalidad y de extrema pobreza. De acuerdo con las fuentes oficiales consultadas, en el caso de Chiapas, el establecimiento de zonas liberadas por el EZLN impide al Estado la ejecución de programas de desarrollo social.

La guerrilla liderada por el subcomandante Marcos, que no dispara un tiro desde el 12 de enero de 1994, interrumpió sus negociaciones con el Gobierno como protesta por la promulgación de la ley.