El cajón de sastre del servicio público

Si Hotel Glam, uno de los baluartes de la telebasura contemporánea, se emitiera en Televisión Española sería considerado un programa de servicio público. Una enmienda introducida en 2001 por el Partido Popular en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado modificaba el Estatuto RTVE para que toda la programación fuera catalogada de servicio público a partir del 1 de enero de 2002. De este modo los espacios culturales y divulgativos, los informativos, la oferta de las diferentes cadenas de radio e incluso las actividades de la Orquesta y Coros de RTVE se equiparaban a programa de dudosa calidad, como Noche de fiesta (salpicado de sainetes propios de los setenta), Por la mañana (un foro de chismorreo sobre las andanzas de los famosos) o Los Morancos chou (una ristra de parodias sobre los anteriores).

Telemadrid divide con precisión la oferta de servicio público y la meramente comercial

Todos estos productos entran en el cajón de sastre del servicio público, acompañados por los cotilleos Tiempo al tiempo, el espacio presentado por Concha Velasco y retirado de la parrilla por no alcanzar los mínimos niveles de calidad, o las crónicas de sucesos de Así son las cosas.

Según el primer informe anual sobre el cumplimiento de la función de servicio público de RTVE, entregado al Parlamento, desde las telecomedias a los dibujos animados y desde los espacios religiosos a las corridas de toros o los partidos de fútbol persiguen una "rentabilidad social".

Los debates de Ésta es mi historia, en los que participan personajes como el doctor Cabeza, los truculentos sucesos de Gente, los testimonios inverosímiles de Cerca de ti, el Festival de Eurovisión o las galas de Isabel Pantoja se presentan también como servicio público.

Bien distinto es el criterio que utilizan otras televisiones públicas. Telemadrid, por ejemplo, marca claramente la línea divisoria entre los programas que tienen "una especial carga de servicio público" y los estrictamente comerciales. A la primera esfera pertenecen los telediarios, los especiales informativos (desde el debate sobre el estado de la región a la visita del Papa) o los documentales. Telenoticias, El Círculo a primera hora, Los cinco sentidos de la cultura, Todo Madrid, Cine.es, Me lo dices o me lo cuentas, Cyberclub o Zona D se financian mediante el contrato-programa suscrito con la Comunidad de Madrid. Para este ejercicio, la aportación asciende a 63,2 millones de euros, casi el 45% del presupuesto total de Telemadrid.

Con cargo a las arcas autonómicas corre también la retransmisión de los partidos de fútbol de Segunda División, pero no así los de Primera ni programas como Mamma mía, las emisiones cinematográficas, el concurso ¿x cuanto? o el magacine vespertino Con T de tarde.

Para justificarse, el canal estatal argumenta que los programas de entretenimiento son "cuidadosamente estudiados en su fase de diseño" para atraer al mayor número de espectadores posible, especialmente en la franja horaria de máxima audiencia. La cadena pública sostiene que se rige por criterios de "calidad, equilibrio y variedad". Y añade que toda la programación de RNE y TVE "forma una globalidad que resulta difícil desglosar".

Quizá por eso no establece diferencias entre productos estrictamente culturales y divulgativos (La aventura del saber, Clásicos populares, Metrópolis, Los libros, Negro sobre blanco o los especiales dedicados a Rafael Alberti o José Hierro) y los de entretenimiento puro y duro (Operación Triunfo, telecomedias, o culebrones latinoamericanos) que salpicaron la rejilla en 2002.

La incorporación de aquella enmienda fue considerada "un golpe de mano inadmisible" por los representantes socialistas en la comisión de Control de RTVE. Pero para los directivos del grupo estatal de comunicación, el paraguas del "servicio público global" da cobertura a una financiación mixta, a través de subvenciones públicas y de ingresos derivados de la emisión de publicidad. El desequilibrio entre una partida y otra es patente. RTVE ingresó el año pasado 896 millones de euros: 674 por publicidad, 66,3 por aportaciones del Estado y el resto por la venta de derechos y la comercialización de productos.