No hay protección sin medios

Ana María Fàbregas, asesinada a martillazos por quien había sido su pareja y que llevaba años amenazándola de muerte, pidió ayuda a la justicia tantas veces como para que se abrieran 54 diligencias judiciales distintas en 15 juzgados diferentes de Barcelona. Su caso ayuda a entender la sensación de impotencia que tienen muchas mujeres cuando se plantean si hacer visible o no el infierno en que viven. Y puede que también ayude a entender el dato, incluido en un informe del Consejo General del Poder Judicial del pasado mes de abril, según el cual sólo el 25% de las mujeres asesinadas por sus parejas había presentado denuncia.

Las tribulaciones que pasó Ana María Fàbregas en su peregrinar por los juzgados son el espejo de un funcionamiento de la justicia sordo a la realidad social, incluso cuando ésta se manifiesta a gritos. ¿Cómo no sorprenderse de que tantas denuncias no hayan evitado un desenlace tan previsible? ¡Cuánta burocracia para nada! Algo falla cuando la víctima recorre tantos juzgados y éstos no son siquiera capaces de unificar las causas abiertas.

Es cierto que se están tramitando -con un retraso clamoroso- reformas legislativas como la orden de protección inmediata, que permitirá adoptar medidas cautelares, incluso de prisión, para asegurar que el agresor no tiene acceso a la víctima. Pero una vez más da la sensación de que nuestros gobernantes confían en el poder taumatúrgico de las leyes, creyendo que basta promulgarlas para que desaparezca el mal que se proponen erradicar. Sin embargo, como también se está comprobando con la Ley del Menor, no hay protección legal sin medios para aplicar las normas. Así lo denunciaron ayer algunos jueces de Barcelona respecto a la violencia doméstica. La mejor ley será papel mojado si no hay policías que vigilen a los maridos denunciados y garanticen que se mantienen alejados de la mujer agredida o amenazada.

Y es también preciso un cambio de mentalidad por parte de quienes han de aplicar las leyes. Para proteger a las víctimas será preciso que los juzgados no sean una simple oficina de registro de denuncias, sino la señal de alarma para establecer medidas concretas con los medios precisos.