Educación exige por carta al Gobierno central el traspaso de las cuotas de formación para financiar Hobetuz

El Departamento de Educación enviará hoy al Ministerio de Trabajo una carta en nombre de Hobetuz, la fundación vasca de formación continua, en la que se solicita la transferencia de la cuota de formación que los trabajadores vascos pagan en su nómina al Estado. La carta se aprobó el pasado lunes en el patronato de Hobetuz con la oposición de los dos sindicatos no nacionalistas, UGT y CC OO. Estas centrales no dieron apoyo a la misiva porque en ella se dice que el acuerdo vasco "está dotado de eficacia normativa y personal general en su ámbito territorial y, en consecuencia, prevalece y desplaza al acuerdo nacional sobre formación continua". Los dos sindicatos pidieron al resto de los miembros del patronato -el Gobierno, la patronal Confebask y los sindicatos ELA y LAB-, que retiraran de la carta las palabras "prevalece y desplaza". La petición de UGT y CC OO fue rechazada.

La petición llega en un momento de cambio en la formación continua. El Gobierno central va a aprobar en breve un nuevo modelo acorde a las sentencias del Tribunal Constitucional que prevén la descentralización de la formación continua. Este nuevo modelo no ha sido aún concretado y explicado a las fuerzas sociales, aunque desde fuentes sindicales se señala que el Ministerio de Trabajo lo tiene ya muy avanzado.

En la carta de petición de las cuotas se recuerda que en 1999, fruto del pacto firmado tres años antes por el PP y el PNV para la investidura de José María Aznar, se acordó dotar a Hobetuz con 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros). Tras el deterioro de las relaciones entre ambos partidos, en los años posteriores Hobetuz no ha recibido fondos del Gobierno central. Aunque no se ha concretado la cantidad que los trabajadores vascos pagan de cuotas de formación, el Gobierno vasco ha calculado en diversas ocasiones que ronda los 39 millones de euros.

Si en el nuevo modelo de formación continua estatal se establece que ésta es una parte de las políticas activas de empleo, competencia que el Gobierno vasco no quiere asumir en las mismas condiciones que el resto de las autonomías, la llegada de fondos sería mucho más complicada, según fuentes sindicales.