El Síndic pidió en 2002 reducir la espera de traslados en ambulancia
Enfermos señalan que aguardan más de 6 horas para volver a casa
El Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, solicitó en abril de 2002 a Sanidad -a instancias de una queja de CC OO- reducir "al mínimo" las esperas de los enfermos que precisan una ambulancia para ir al hospital a someterse a tratamientos y volver a casa. En la respuesta, la consejería dijo que estaba estudiando un nuevo concurso, aún no resuelto, para revisar este transporte. Recientemente, enfermos del hospital General de Valencia denunciaron esperas de hasta 6 horas frente al tope legal de 30 minutos.
En el escrito, el Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, recomienda a la Consejería de Sanidad que "adopte cuantas medidas sean necesarias para que los tiempos de espera de los pacientes que precisen el servicio de ambulancias sea el mínimo". Además expone que se "extreme al máximo el deber legal de dar cumplimiento al criterio establecido de que las demoras no superen los 30 minutos". Este requisito se incluye en el pliego de prescripciones técnicas de gestión del servicio público por concierto de transporte sanitario no asistido, un documento que regula el traslado de enfermos que se realiza a través de concierto con empresas privadas.
El pliego estipula que los adjudicatarios del transporte de enfermos "deberán realizar, durante las 24 horas del día y sin que el tiempo de espera de los pacientes exceda, en ningún caso, de 30 minutos, la evacuación y traslado de todas las personas enfermas, accidentadas o que por cualquier otra razón precisen de traslado en ambulancia".
Este tiempo de espera choca con las denuncias manifestadas por pacientes de rehabilitación del hospital general de Valencia el miércoles pasado y con otras que periódicamente transmiten enfermos de otros centros hospitalarios. En el caso de los pacientes del hospital valenciano, algunos de ellos se quejaban de tiempos de espera de hasta seis horas antes de poder acceder a una ambulancia que los trasladara a casa. Los pacientes comentaban que la media de espera eran de tres o cuatro horas, aunque podrían alcanzas hasta seis. Los retrasos son reconocidos incluso por los responsables de las empresas de ambulancia, aunque consideran excesivas las seis horas.
La nota del defensor del pueblo tiene su origen en una queja remitida por el responsable del sindicato CC OO Salvador Roig en julio de 2001, en la que denunciaba las demoras del servicio de ambulancias concertadas por Sanidad tanto en la recogida de los pacientes -fundamentalmente para asistir a quimioterapia, rehabilitación y hemodiálisis- como en la vuelta a sus domicilios. Previamente, Roig ya había transmitido denuncias en 2000 al servicio de inspección sanitaria, de evaluación y el servicio de conciertos de la dirección territorial de Sanidad.
Como respuesta a esta queja y la recomendación del Síndic, Sanidad, a través del subsecretario para la Agencia Valenciana de la Salud, Marciano Gómez, realizada el 7 de mayo de 2002, apunta que la consejería estaba en fase de estudio un nuevo concurso para el transporte sanitario "que planificando la demanda asistencial consiga una mejora de la calidad".
CC OO señaló ayer que dos años después de la queja, sigue sin haberse regulado este aspecto y continúan las demoras que tienen que sufrir los enfermos, como demuestra las quejas de los pacientes del hospital valenciano. La Consejería de Sanidad no facilitó ayer información a este respecto.
Plan de Humanización
La diputada socialista María José Mendoza contrapuso ayer los problemas de confort y los efectos en la salud de los pacientes que provocan las largas esperas que soportan los enfermos para volver a casa desde los hospitales en ambulancia con la "grandilocuencia" del Plan de Humanización, la apuesta del gobierno popular de mejorar la calidad de la asistencia sanitaria.
Mendoza criticó que Sanidad no haya "asumido su responsabilidad" a la hora de resolver este problema y recordó que en el último presupuesto se han gastado 14 millones de euros en conciertos de transporte sólo en la provincia de Valencia, lo que demuestra que "no hay relación entre la calidad del servicio y el coste que supone para la salud pública".
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