Pujol aprueba un paquete de leyes de confrontación con el Gobierno del PP

El Gobierno catalán aprobó ayer un paquete de medidas que suponen un peldaño más en su estrategia de abierta confrontación con el Gobierno central y distanciamiento del PP en este año electoral. El Consell Executiu dio los primeros pasos para llevar a los tribunales el controvertido Plan Hidrológico Nacional (PHN) y reclamó la paralización del proyecto; aprobó el decreto para regular las oficinas internacionales de la Generalitat de Cataluña y anunció la apertura de nuevas embajadas, y pidió al Constitucional que se pronuncie sobre la potestad de la Generalitat para otorgar pensiones complementarias.

"Desde el Gobierno central habitualmente se nos ponen trabas y debemos impedir que a partir de ahora sean habituales. Todos esto lo hacemos para defender nuestras competencias". El conseller en cap, Artur Mas, defendió de esta forma la apertura de nuevas embajadas de la Generalitat en el extranjero. Pero su explicación podía servir para toda la serie de medidas aprobadas ayer por el Gobierno catalán y que agudizan su enfrentamiento con el Ejecutivo de José María Aznar.

Los temas más conflictivos se refieren a la regularización de la presencia internacional de la Generalitat, que el Gobierno central siempre ha contemplado con recelo, y al Plan Hidrológico Nacional. Los nacionalistas catalanes consideran que el Gobierno central ha incumplido la ley del PHN porque no ha presentado un plan de protección del delta del Ebro, paraliza los estudios para traer agua del Ródano francés y boicotea las reuniones del consorcio que debe regular el cauce ecológico y, subsiguientemente, la cantidad máxima de agua a trasvasar. Mientras el Gobierno central estima el caudal ecológico en 100 metros cúbicos por segundo, el catalán lo incrementa hasta los 135.

La Generalitat aprobó ayer instar al Ejecutivo central a que paralice todos los trámites administrativos del PHN hasta que "cumpla la ley" y encargó a sus servicios jurídicos que inicien los trámites para llevar a los tribunales los "posibles incumplimientos legales". Fuentes del Ejecutivo autónomo señalaron que la advertencia es preceptiva para futuros recursos ante la justicia.

Oficinas de trabajo

Artur Mas también anunció la voluntad del Gobierno catalán de abrir nuevas embajadas en el extranjero, similares a la inaugurada en marzo pasado en Casablanca -capital económica de Marruecos- pese a la oposición de las autoridades españolas. El Consell Executiu aprobó un decreto que regulariza y da cobertura jurídica a estas oficinas, tal y como le reclamó el Gobierno central. No obstante, el conseller en cap admitió que el decreto no se ha consultado ni negociado con el Ministerio de Asuntos Exteriores. "Nuestra voluntad", señaló, "es incrementar nuestra presencia institucional en el exterior y tener, en el futuro, un departamento específico de relaciones exteriores".

Mas adelantó que la Generalitat abrirá en verano otra oficina de Trabajo en Colombia para asesorar a inmigrantes que quieran venir a trabajar a Cataluña. El Departamento de Trabajo ya dispone de otros dos oficinas en Polonia y en Marruecos, no autorizadas por el Ejecutivo central que se ha negado reiteradamente a firmar un convenio de colaboración.

El Gobierno catalán reclamó al Constitucional que se pronuncie sobre la potestad de la Generalitat de conceder ayudas complementarias a las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva y anunció que dará asesoramiento legal a las organizaciones sin ánimo de lucro que, según la ley de acompañamiento de los Presupuestos, deben presentar el impuesto de sociedades.