Un programa piloto aprobado en el Parlament
El Departamento de Presidencia recomendó al alcalde de Albinyana, Joaquim Nin, que denegara el permiso para la excavación ya que el Parlament había aprobado en marzo una iniciativa que regula este tipo de actividades. No obstante, fuentes de la Generalitat precisaron que la última palabra es del alcalde de cada población.
El Parlament aprobó por unanimidad la creación de un consorcio público para censar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y localizar las fosas comunes en las que podrían estar enterrados. Presidencia, según informaron fuentes del departamento, autorizará próximamente un programa piloto en una fosa, cuyos resultados servirán de experiencia para posteriores excavaciones. "De este modo, se dispondrá de un protocolo de actuación del que ahora carecemos", añadieron. La principal dificultad a la que se enfrenta el Gobierno catalán es el coste de las pruebas de ADN para identificar la identidad de los fallecidos. Cada prueba vale unos 3.000 euros.
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