Los consejos de las cajas deberán conocer previamente la compra y la venta de empresas

Las cajas de ahorros deberán dar cuenta "detallada" del procedimiento que han seguido para decidir comprar o vender empresas en el informe de buen gobierno que tendrán que elaborar por primera vez en 2004. Los últimos cambios legales del PP presentados ayer no sólo prevén que una nueva comisión de inversiones "informe" al Consejo de Administración sobre la toma de participaciones, sino que atribuyen a este nuevo órgano la potestad de "proponer" inversiones y desinversiones "estratégicas y estables" en sociedades cotizadas o empresas en cuya gestión participen las cajas.

La cruzada del Gobierno por la transparencia en las cajas avanzó ayer un paso más, a través de las enmiendas del PP a la Ley del Mercado de Valores que se tramita en el Senado. Las enmiendas se refieren a tres cuestiones: la retribución de los miembros del consejo de administración, los créditos concedidos y la política de inversiones de estas entidades.

Por lo que respecta a los sueldos, el redactado de las enmiendas deja manos libres a cada caja para difundir en su informe de buen gobierno, de manera individualizada o global, la remuneración de los consejeros. En este concepto se incluyen las dietas por asistir al consejo, los sueldos de los consejeros en aquellas comunidades autónomas en las que se perciban y también "las obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida".

La obligación de informar se hará extensiva a los sueldos de los directivos y consejeros que, en representación de la caja, participen en sociedades cotizadas o en otras empresas donde la caja tenga presencia. Las cajas deberán crear una comisión de retribuciones, formada por tres miembros del consejo, que "informará" sobre sueldos e incentivos.

La transparencia abarcará las operaciones que con la caja o sus participadas hayan realizado tanto los consejeros y miembros de la comisión de control como sus "familiares en primer grado".

Créditos a partidos

El PP ha introducido igualmente la obligación de hacer pública "la situación" de los créditos que hayan recibido de una caja los grupos políticos que estén representados en las corporaciones locales y en los parlamentos autonómicos que hayan participado en el proceso electoral de las cajas. Esta obligación también vale para cualquier institución pública que haya tenido un papel en el proceso electoral de estas entidades financieras. Los conflictos de interés que puedan plantearse en el caso de las remuneraciones que los consejeros hayan percibido por prestar servicios a una caja o a sus participadas deberán salir a la luz pública.

En cuanto a las inversiones en empresas y bancos, el PP quiere que los consejos de las cajas creen en su seno un nuevo órgano (con tres miembros del propio consejo) que no sólo informará a este último, sino que tendrá la potestad de "proponer" las "inversiones y desinversiones de carácter estratégico y estable" que efectúe a caja, directamente o a través de sus participadas. Por operaciones "estratégicas y estables" se entiende comprar o vender "cualquier participación significativa" de una empresa cotizada o la participación en proyectos empresariales con participación en la gestión u órganos de gobierno. Esta nueva comisión de inversiones controlará "la viabilidad financiera" de las inversiones y si éstas "se adecuan a los objetivos fundacionales de la entidad".

No presentar un informe anual o bien emitir o falsear datos en él supondrá una "infracción grave". El contenido y la estructura del informe de buen gobierno lo determinará el Ministerio de Economía. En este sentido, CiU presentó una enmienda para darle la vuelta a este precepto. El texto atribuye esta facultad a las comunidades autónomas y sólo a Economía si éstas no la ejercitan.

Por su parte, los socialistas y la coalición de izquierdas catalana en el Senado presentaron otra enmienda para asegurar que la normativa sobre buen gobierno para las cajas sea la misma, sin discriminaciones, que la aplicada para las empresas cotizadas. "Que se haga lo mismo con los bancos", dijeron fuentes socialistas en alusión a los créditos y a la comisión de inversiones.

Por otra parte, los créditos concedidos por las cajas se situaron en 337.764 millones en abril, un 16,41% más que el saldo crediticio concedido en abril de 2002, según la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA). Esta tasa es algo inferior a la acumulada hasta marzo (17%) y muy superior a la de los bancos (8%).