El sector químico presiona a Bruselas para evitar más controles a su actividad

Las compañías creen que las nuevas normas provocarán la fuga de sociedades de la UE

La industria química europea, la más importante del continente, se puede enfrentar a un profundo cambio estructural por los mayores controles que quiere aplicar la Comisión Europea al sector a través de un régimen más severo para trabajar y autorizar las sustancias químicas. Los empresarios en bloque están presionando para evitar esta reforma, que podría costar unos 32.000 millones, porque creen que provocará la fuga de empresas fuera de la UE. España, que cuenta con 3.500 empresas y es el quinto país de la UE, podría verse afectada por la reforma.

Alemania y Francia, las principales potencias europeas en este sector, han puesto el grito en el cielo. Los ecologistas, entre tanto, reivindican que se apliquen controles más duros para evitar la comercialización de sustancias peligrosas y nuevos tests que preserven el bienestar animal.

La deslocalización de las inversiones es una de las estrategias empresariales más temidas por cualquier Gobierno por su impacto económico y social. Pues bien, el mensaje que lanza la industria química europea ante la reforma propuesta hace 10 días por la Comisión Europea para el sector es claro en este sentido: si sale adelante, la Unión Europea dejará de ser una región en la que se pueda producir sustancias químicas y las inversiones se escaparán hacia otras zonas más competitivas, como EE UU, Japón o el norte de África. Un problema que se extiende también a otros sectores manufactureros que consumen gran cantidad de productos químicos.

España, la quinta de la UE

La UE es líder en el sector químico mundial. La facturación de esta industria superó el medio billón de euros en 2002, lo que representa un tercio del negocio global (1,7 billones de euros). El sector químico español, con unas 3.500 empresas, ocupa el séptimo lugar en el mundo y el quinto en la UE, con 36.586 millones de facturación. La mayor parte de la producción se concentra en Cataluña (47,3%), sobre todo en Tarragona, seguida de lejos por Madrid (15,9%), la Comunidad Valenciana (7,9%), Andalucía (6,8%) y el País Vasco (5,1%).

Cuando esté en vigor esta reforma, la industria estará obligada así a facilitar una información más precisa sobre las nuevas sustancias que se pongan en el mercado y deberán demostrar además que sus productos no plantean riesgos. Los requisitos de información se endurecerán a medida que se incremente la producción.

La Comisión Europa es la primera en reconocer que la introducción del nuevo régimen tendrá un efecto negativo en la competitividad de la industria química europea "a corto plazo". El coste directo estimado por Bruselas es de 4.000 millones de euros. Con los indirectos se eleva hasta los 32.000 millones. La comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallström, afirma que "los beneficios para el público pesarán más que los costes". El dato que pone sobre la mesa para justificar la reforma son los 54.000 millones de euros de ahorro en el sector de la salud sólo gracias a una reducción en los casos de cáncer.

A final de julio se presentará la propuesta definitiva. Pero la industria química ya acusa a la Comisión Europea de no haber hecho un estudio de impacto más riguroso. "Hay cosas que no se pueden cuantificar en euros y que son mucho más graves en términos de estrategia de empresa que el impacto puramente económico de la reforma", según el vicepresidente de la patronal química española, Feique, Juan José Nava, "y esto no se ha entendido".

El presidente de la patronal europea Cefic, Eggert Voscherau, señala que la reforma "generará más un exceso de burocracia que un incremento de la protección de la salud humana o del medio ambiente". El sector químico advierte de que con el nuevo sistema se retrasará mucho la puesta en el mercado de nuevos productos, aparte del incremento de los costes directos vinculados a los nuevos sistemas de ensayo y de registro de los productos, que elevan hasta los 7.000 millones, unos 680 millones sólo en España. Las pymes serán las más afectadas porque su capacidad para hacer frente a este cambio es más limitada que la de una gran compañía. "Esto puede paralizar el flujo de inversiones a Europa", afirma Nava.

Las consecuencias de la reforma van más allá del sector químico y afectará también a otros sectores de la industria manufacturera vitales para la economía europea, como la del automóvil, la aeronáutica, la informática o la textil, que trabajan y consumen gran cantidad de sustancias químicas. "Algunas de ellas, para proveerse de materiales, se verán obligadas a buscar fuentes alternativas de suministro de productos químicos más competitivos que los generados en la UE", concluyó.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS