Era una burla

LA RESOLUCIÓN propuesta el jueves por Juan María Atutxa y aprobada por la Mesa del Parlamento vasco daba una salida sensata al conflicto institucional suscitado por la resistencia del nacionalismo gobernante a disolver el grupo parlamentario de Batasuna, como ha instado el Tribunal Supremo. Sin embargo, el PNV y EA, con el estrambótico refuerzo del propio grupo ilegalizado, echaron ayer por tierra en la Junta de Portavoces esa posibilidad, bloqueando el cumplimiento del auto del Supremo. Quizá era ilusorio esperar una rectificación de unos partidos que han llevado tan lejos su pulso con el Estado de derecho. Pero sorprende que hayan llegado a tales despropósitos para mantener su insumisión y fabricar una coartada contra el eventual procesamiento por desobediencia del presidente Atutxa. En primer lugar, al rechazar en la Junta de Portavoces lo que sus compañeros aprobaron en la Mesa, y después, al dejar al propio Atutxa en una situación personal más que desairada.

El presidente del Parlamento ha apelado vehementemente a la "coherencia" y a la "dignidad" para resistirse a lo que consideraba una intromisión del Poder Judicial en el ámbito parlamentario.

Pero el juego de maniobras dilatorias y tejemanejes reglamentistas urdido por la mayoría gobernante para obstaculizar desde el 27 de marzo los efectos de la ilegalización de Batasuna ha sido cualquier cosa menos coherente y digno. No se ha querido acatar una sentencia inapelable, pero tampoco arrostrar las consecuencias de no obedecerla. Y, sobre todo, ha quedado demostrado que los motivos aducidos no eran esencialmente jurídicos -una interpretación absoluta de la autonomía de los poderes peligrosamente análoga a la manejada por Berlusconi en su favor-, sino políticos e interesados.

La resistencia selectiva a los efectos de la ilegalización de Batasuna fue útil para pescar entre sus votos el 25-M, y le resultaba conveniente al nacionalismo gobernante para atenuar la reacción radical ante la pérdida de sus alcaldías el 14 de junio con la constitución de los nuevos ayuntamientos. La salida reglamentaria propuesta por Atutxa desmontó su anterior afirmación de que no la había y puso de manifiesto que, más allá de la hojarasca leguleya, el principal problema para dar cumplimiento a la resolución del Supremo era la falta de voluntad de hacerlo. Con la decisión adoptada ayer en la Junta de Portavoces por el PNV y EA ya no caben más quiebros y se abre una confrontación institucional de consecuencias imprevisibles.