Deshojando la sangrienta margarita

El mortal atentado terrorista perpetrado contra dos policías nacionales en Sangüesa ha despejado cualquier duda razonable sobre la supuesta virtualidad del plan del lehendakari Ibarretxe -una libre asociación del País Vasco con el Estado español en régimen de soberanía compartida- para conseguir como resultado indirecto el abandono definitivo de las armas por ETA. Tal vez no sea casual que el escenario del nuevo crimen terrorista -cinco meses después del asesinato en Andoain del socialista Joseba Pagazaurtundua- haya sido esta vez un pueblo navarro: ETA critica el proyecto de Ibarretxe por circunscribir su marco territorial a la comunidad del País Vasco y aplazar hasta un indefinido futuro -será tarea para otra generación, según el lehendakari - la anexión de Navarra y de las zonas ultrapirenaicas a una Euskal Herria unificada, soberana e independiente de España y de Francia.

Las esperanzas depositadas por el PNV en el eventual desarme de ETA descansaban sobre los hipotéticos efectos disuasorios de las cesiones hechas por el plan del lehendakari al programa y a los ensueños ideológicos del nacionalismo radical. La indulgencia propiciada por esas injustificadas ilusiones no se limitó al ámbito teórico; su dimensión práctica fue la cobertura dada por el nacionalismo moderado al brazo político de ETA -como el hermano mayor respetable que decide proteger al descarriado benjamín en nombre de los lazos familiares- a lo largo del proceso de su disolución judicial: desde el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Partidos presentado por el Gobierno de Vitoria hasta su rechazo de la ilegalización de Batasuna por el Supremo, pasando por la querella contra el juez Garzón acusado de prevaricación y por las reticentes demoras de la Mesa de la Cámara para cumplir el mandato judicial de suprimir su grupo parlamentario. Ese benevolente espíritu conciliador también ha llevado al PNV a anunciar -tras los comicios del 25-M - el propósito de reconocer presencia institucional en los ayuntamientos vascos a los 127.000 electores que sigueron la consigna de ETA del voto nulo, sin descartar incluso la posibilidad de crear gestoras en los municipios donde las papeletas invalidadas hubieran obtenido la mayoría.

Los rumores de las últimas semanas en torno a un eventual alto el fuego de la banda terrorista fueron alentados en un primer momento por una equívoca mención del comunicado de ETA del 10 de mayo al referéndum previsto por el lehendakari Ibarretxe -"en un escenario de ausencia de violencia y exclusiones"- como última etapa del proceso: tras afirmar cínicamente que una consulta popular siempre "es motivo de alegría" para los terroristas, el documento añadía que la propuesta podría resolver el conficto si se realizase "en base a las reglas de libertad y justicia". La rueda de prensa dada cinco días después por tres portavoces de ETA, que rechazaron de forma tajante la iniciativa de Ibarretxe por "parcial, cerrada y excluyente", no fue suficiente para desinflar el globo. Sólo la explosión del coche-bomba en Sangüesa ha destruido la falsa expectativa de un entendimiento entre PNV y ETA -situado en la estela del acuerdo secreto que abrió el camino en 1998 al Pacto de Estella- orientado a trocar las concesiones sustantivas al nacionalismo radical en el ámbito político contra un alto el fuego de la banda.

En cualquier caso, la margarita del sí y del no que los terroristas estarían imaginariamente deshojando antes de dar su contestación final quedó teñida de sangre en Sangüesa: además de asesinar a los miembros de las Fuerzas de Seguridad y a los constitucionalistas, ETA aprieta -pero no ahoga- al PNV. La convergencia objetiva de propósitos a largo plazo entre nacionalistas moderados y radicales no implica necesariamente la concertación subjetiva de sus voluntades. Si el brazo político de ETA desea contar los votos nulos de sus seguidores en las urnas, la banda terrorista quiere dejar constancia de su existencia mediante las armas: pese a las concesiones y tibiezas del PNV, los nacionalistas radicales ni se fían de sus planes ni están dispuestos a cederles la administración de sus activos.