Debut de Kirchner

La primera semana de Néstor Kirchner como presidente de Argentina comenzó con un conflicto con el FMI por el acuerdo vigente. El nuevo Gobierno, situado entre la heterodoxia y la austeridad fiscal, negó un aumento de las tarifas de servicios públicos en el corto plazo y puso en marcha un ente para supervisar la reestructuración financiera y los tribunales contra la defraudación impositiva.

La primera decisión económica del nuevo presidente consistió en poner en marcha unos tribunales para juzgar delitos de defraudación tributaria

El FMI ha suspendido la revisión del acuerdo firmado con Argentina hasta que se resuelvan cuestiones pendientes, como la ejecución de hipotecas

Simón Deligdisch, un judío alemán que huyó del régimen nazi y recaló en Argentina, invirtió sus ahorros en hipotecas porque le aseguraban mayor rentabilidad que los depósitos bancarios. Se salvó del corralito, en diciembre de 2001, pero sufrió la ley que un mes después suspendió las ejecuciones hipotecarias por 180 días hábiles. A fines de 2002, la norma se prorrogó 90 días. El mes pasado, el Congreso volvió a postergar las ejecuciones de viviendas únicas familiares. Un mes antes murió Deligdisch, a los 87 años, angustiado por la pérdida de su dinero.

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, admite que una "enorme" cantidad de acreedores de clase media están imposibilitados de rescatar sus ahorros, pero el presidente Kirchner rechaza el veto a la prórroga de ejecuciones. Lavagna admite que la suspensión de ejecuciones, que también afecta a la banca, debe finalizar, pero restó importancia al asunto al señalar que la última prórroga sólo afecta al 1% de la masa crediticia.

El FMI, sin embargo, ha retrasado sin fecha la segunda revisión del acuerdo firmado con Argentina en enero hasta que se resuelvan cuestiones pendientes, como la de las hipotecas.

Lavagna pidió al FMI que se perdone este incumplimiento y se valore la eliminación de la mitad de los bonos provinciales que actuaban como monedas, la liberación del 90% de las fondos congelados y la reducción del control de cambios. La subdirectora del FMI, Anne Krueger, reconoció semanas atrás su asombro por la reactivación de esta economía, pero el organismo aún reclama la reestructuración de la deuda externa, el saneamiento de la banca y el aumento de las tarifas de servicios públicos. Lavagna condicionó el diálogo por el pago de 3.391 millones de dólares al FMI, que vence en septiembre, a que la entidad apruebe el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias de Argentina en el primer trimestre.

Una de las últimas medidas de Duhalde entró en vigor esta semana con la creación de la unidad de reestructuración del sistema financiero. El Congreso debe debatir la compensación a la banca por la pesificación de los créditos en dólares (2002), necesaria para reconstruir sus patrimonios, y una nueva ley de entidades financieras.

El ministro de Planificación, Julio de Vido, admitió que Kirchner concede prioridad al problema de los servicios públicos, con tarifas congeladas hace un año y medio, deudas en dólares que se multiplicaron por la devaluación de 2002 e inversiones frenadas. De Vido aclaró que los precios no aumentarán a corto plazo, pero el Congreso se prepara para discutir una ley que devuelva al Ejecutivo la facultad para subirlos.

Tribunales fiscales

La primera decisión económica de Kirchner consistió en poner en marcha unos tribunales para juzgar delitos de defraudación tributaria. Argentina también estudia una reforma fiscal gradual que reduzca el IVA del 21% al 18%.

El Gobierno intenta prorrogar el acuerdo que venció ayer con la industria del petróleo para evitar un encarecimiento de combustibles. Impulsa además que la Cámara de Diputados reanude el proceso de juicio político contra, por lo menos, uno de los magistrados de la cuestionada Corte Suprema de Justicia, que aún debe fallar sobre la pesificación de los depósitos en dólares. El Gobierno ya cuenta con 882,3 millones para iniciar un programa de obras públicas, que entusiasma a las constructoras e inquieta al FMI.