Debatir es un delito en China

China tiene 60 millones de internautas, gracias, entre otros, a los esfuerzos del Gobierno por difundir esta tecnología considerada clave para el desarrollo del país. Pero no por ello está dispuesta a que la red se convierta en una vía de comunicación para la disidencia. Hace tiempo que las autoridades han instalado filtros y controles para supervisar lo que sus ciudadanos leen y escriben en Internet. Miles de páginas bloqueadas y la vigilancia de los datos que circulan por los correos electrónicos son práctica habitual, y para ello cuenta con una policía especial. Porque Pekín no quiere que la red aloje lo que no permite en los medios de comunicación oficiales, controlados por el Departamento de Propaganda del Partido Comunista.

Pekín no quiere que la Red aloje lo que no permite a los medios de comunicación oficiales

Este mes ha dado nuevos ejemplos. Varios disidentes han sido condenados a penas que van de 5 a 10 años por pedir reformas y criticar al Gobierno en este medio. Primero fue Huang Qi, uno de los primeros intelectuales chinos arrestados por expresar sus opiniones políticas en Internet, quien recibió una sentencia de cinco años por subversión. Huang dirigía una página web en la que publicaba informes sobre temas considerados tabú, como la disidencia, el separatismo en la región de Xinjiang, el movimiento de inspiración budista Falun Gong o la masacre de Tiananmen en 1989.

El pasado miércoles, un tribunal de Pekín dictó otras cuatro penas por el mismo motivo. Xu Wei, de 28 años, periodista, y Jin Haike (27), ingeniero geólogo, fueron condenados a 10 años de cárcel, y Yang Zili (31), ingeniero informático, y Zhang Honghai (29), escritor independiente, a 8 años.

Algunos de sus escritos, como el titulado La democracia china es una farsa, y la creación de la organización Sociedad Nueva Juventud, dedicada a explorar el camino hacia la democracia y las vías de eliminación de las crecientes desigualdades sociales, les condujeron a la cárcel en marzo de 2001, después de que un oficial del Gobierno se infiltrara en el grupo. Pese a que fueron juzgados en septiembre de ese año, hasta esta semana no se emitió el veredicto.

"Este caso pone de manifiesto la enorme brecha que hay entre las protecciones legales formales fijadas en la Ley de Procedimiento Criminal y su aplicación real", explica Sharon Hom, directora ejecutiva de la organización Human Rights in China (HRIC), con sede en Nueva York. La ley establece que el tribunal debe dictar sentencia en un plazo de un mes después de aceptar un caso.

Según HRIC y otros activistas de derechos humanos, Pekín quiere aprovechar que la atención en China está centrada en la lucha contra la neumonía atípica para incrementar la represión sobre las voces disonantes e intentar que pase desapercibido tanto dentro del país como en el extranjero "el vergonzoso tratamiento a estos disidentes".

Xu Wei aseguró en el juicio que durante su detención fue golpeado brutalmente y torturado con descargas eléctricas en los genitales. Según HRIC, como protesta, golpeó con su cabeza la mesa del juez y cayó inconsciente.

Zhang Qiyue, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, reaccionó airada el pasado jueves a la sugerencia sobre la relación entre el juicio y la epidemia de neumonía. "Es irresponsable hacer observaciones que no encajan con los hechos", dijo.

En los últimos años, China ha incrementado el hostigamiento sobre quienes publican escritos en Internet y ha comenzado a vigilar los mensajes cortos de los teléfonos móviles.