Archivada la querella contra el alcalde de El Prat de Llobregat
El Juzgado de Instrucción número 3 de El Prat de Llobregat ha archivado la querella que acusaba al alcalde, Lluís Tejedor, y a otros miembros del consistorio de delitos de tráfico de influencias, falsificación de documento público y vulneración de derechos fundamentales. El juez, que, contrariamente a lo que se decía en la edición de ayer, en ningún momento imputó a Tejedor, ha sobreseído provisionalmente la causa con el archivo de sus actuaciones, por lo que el demandante tiene cinco días para recurrir contra el auto. Fue el mismo Ayuntamiento el que informó ayer del sobreseimiento de la causa contra el consistorio.
El litigio tenía su origen en el desalojo y el posterior derribo del restaurante Mi Rancho, que se ubicaba en el kilómetro 8,2 de la autovía de Castelldefels, por el que su antiguo propietario reclamaba una indemnización de 1,7 millones de euros. La construcción de un vial de paso y de una zona ajardinada del polígono Mas Blau 2, colindante del aeropuerto, forzó el derribo de este popular chiringuito de carretera, que durante sus casi 70 años de existencia animó la vida nocturna de la zona.
El propietario del restaurante sostiene que el procedimiento por el que se realizaron las compensaciones fue incorrecto y no se tuvo en cuenta su opinión. Asimismo, el propietario también consideraba en la querella que la junta de compensación benefició a la sociedad inmobiliaria Vertix, contructora de Mas Blau.
La misma junta ofreció en su día a la familia propietaria del restaurante derribado una indemnización de 44 millones de pesetas, cantidad que ésta rechazó porque "apenas servía para cubrir la inversión inicial del negocio". Esta familia había comprado el establecimiento hace 17 años por 35 millones de pesetas.
Además de al alcalde, en la querella se acusaba al ex teniente de alcalde de Urbanismo, Manel Bou; a un asesor jurídico municipal y a un par de responsables de la Junta de Compensación del polígono Mas Blau 2. Esta es la segunda querella criminal que, en relación con el mismo caso, afronta el consistorio local.
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