La izquierda y el PP recurrirán contra el veto de la Junta Electoral al nuevo modelo de los consejos comarcales

La polémica sobre los consejos comarcales continúa. Los partidos de la izquierda y el PP anunciaron ayer su intención de recurrir ante la justicia contra la decisión de la Junta Electoral Central de prohibir que se aplique a los resultados de las elecciones municipales del domingo el nuevo sistema de elección de los consejos comarcales, aprobado por el Parlament con la única oposición de CiU. Mientras tanto, el Departamento de Gobernación de la Generalitat anunció ayer que en los próximos días hará pública la composición de los consejos comarcales aplicando la ley de 1987.

El sistema que ha vetado la Junta Electoral Central comporta la pérdida de la hegemonía de la coalición nacionalista en los consejos comarcales en beneficio, principalmente, de los socialistas. Ese sistema supone que dos tercios de los consejeros comarcales se elijan según el número de votos de cada formación y el tercio restante se designe en función de los concejales obtenidos en la comarca. Una proporción inversa a la que rige desde 1987 (cuando CiU impuso su mayoría absoluta), que permite a la federación nacionalista presidir 32 de los 40 consejos comarcales. En caso de que se aplicase el nuevo sistema aprobado el pasado 29 de abril por la izquierda y el PP, los nacionalistas perderían la mayoría en otros ocho consejos. Con todo, un portavoz del PSC explicó ayer que incluso con el anterior sistema, a la vista de los resultados de las elecciones del domingo, CiU también retrocederá posiciones, aunque no concretó su alcance.

El Tribunal Supremo

Así las cosas, si finalmente se materializa el recurso, será el Tribunal Supremo el que decida qué ley ha de aplicarse para constituir los consejos comarcales. Tiene 45 días de plazo para pronunciarse desde la celebración de las elecciones, según la ley electoral, por lo que parecería lógico esperar a que haya una decisión judicial antes de constituir los consejos comarcales. Pero como los acuerdos de la Junta Electoral Central son vinculantes, el Gobierno catalán podría acogerse al anterior sistema.

En síntesis, la Junta Electoral prohíbe aplicar el nuevo sistema de elección porque la ley del Parlament fue aprobada el 29 de abril, cuando ya habían sido convocadas las elecciones a los consejos comarcales por decreto de la Generalitat de 25 de marzo y "las distintas entidades políticas concurrentes a las elecciones municipales y a las de los consejos comarcales" habían " diseñado sus estrategias electorales y políticas". La Junta Electoral Central se pronunció a raíz de que el consejero de Gobernación y Relaciones Institucionales, Josep Maria Pelegrí, y el Consejo Comarcal de la Terra Alta realizasen una consulta por entender que el nuevo sistema vulneraba el princpio de seguridad jurídica porque las elecciones ya habían sido convocadas.

La resolución de la junta fue criticada ayer con dureza por los partidos de la izquierda. El portavoz del PSC, Miquel Iceta, calificó la resolución de "hecho inaudito" y consideró que "no es la Junta la que debe interpretar las leyes del Parlament". Del mismo modo, el presidente de ICV, Joan Saura, aseguró que la Junta no tiene "ninguna legitimidad" ni competencias para dictaminar sobre una ley aprobada por el Parlament. En términos parecidos se expresó el responsable de política municipal de ERC y número dos de la lista por Barcelona, Jaume Oliveras, y el diputado del PP Josep Maria Fabregat aseguró que ha de ser el Parlament el que recurra la ley.

Por el contrario, el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, defendió la actuación de la Generalitat y la justificó asegurando que prendía "evitar conflictividad institucional", al tiempo que descartó la posibilidad de llevar el caso ante el Tribunal Constitucional. El catedrático de Derecho Administrativo Manuel Ballbé también dijo compartir la decisión de la Junta Electoral porque "las reglas han de establecerse antes de empezar el juego, no cuando ya se esta jugando", en alusión a la modificación de la ley cuando ya habían sido convocadas las elecciones a los consejos comarcales.