Vizcaya gana al Gobierno el pulso por controlar los presupuestos municipales

¿Qué administración tiene la competencia para tutelar y controlar los presupuestos de los municipios? Las diputaciones forales. Así lo dice una resolución de la Comisión Arbitral, el órgano que dirime los conflictos de competencias entre las instituciones vascas. La Diputación de Vizcaya ha ganado el pulso frente al recurso que presentó a finales de 2002 el Gobierno vasco. Este fallo abre el camino para que las tres diputaciones regulen, con una nueva normativa, cómo deben los ayuntamientos realizar sus presupuestos.

El proyecto de norma de la Diputación de Vizcaya se presentó el año pasado, en septiembre, pero quedó suspendido en su trámite en las Juntas Generales cuando el Gobierno interpuso el recurso. Ahora, la decisión de la Comisión Arbitral lo reactiva "de inmediato", aunque habrá que esperar a que comience la próxima legislatura foral. La norma se refiere a aspectos de técnica presupuestaria, pero también aumenta el margen de maniobra de los ayuntamientos con respecto a la legislación actual en algunos casos concretos, como las situaciones en que tienen las cuentas prorrogadas.

El conflicto se remonta a 1991, cuando las tres diputaciones aprobaron unas normas idénticas, que también se arrogaban esta competencia. El Estado las recurrió ante el Tribunal Superior vasco y éste resolvió en 1994 que las normas eran contrarias a derecho. Aunque los gobiernos forales recurrieron ante el Supremo, una sentencia de este tribunal de abril de 2002 dio de nuevo la razón al Estado argumentando que no existe una ley que asigne la competencia a una administración en concreto y que, mientras tanto, descansa en las autonomías.

El Gobierno vasco aprovechó esa sentencia para preparar el borrador de una ley que le atribuyera la facultad de controlar los presupuestos municipales. Las diputaciones, sin embargo, no están de acuerdo con la Vicelehendakaritza. Defienden que materia tributaria (una competencia foral) y presupuestaria están íntimamente ligadas.

Vizcaya ha dado un paso más. Se adelantó en 2002 presentando su propio proyecto de norma. El texto reproduce buena parte del de 1991. Pero Vizcaya interpreta que la situación ha variado con el nuevo Concierto Económico, aprobado el año pasado. En el texto se introdujo un cambio en el que se hacía referencia a la tutela financiera. Es una alusión genérica, pero la Diputación cree que la deposita en manos de las haciendas forales.

La Comisión Arbitral también lo ve así. En su resolución, asegura que "no procede la distinción" entre lo tributario y lo presupuestario, recuerda que las diputaciones desempeñan esas tareas de control "al menos desde 1853" y que, aunque el Concierto no regula la distribución interna de las competencias del País Vasco, sí que debe reconocerse el derecho de las haciendas forales a regular los presupuestos municipales. Especifica que la tutela financiera "no se proyecta sólo sobre los aspectos tributarios, es decir, sobre los ingresos, sino también sobre los gastos (los presupuestos)".

Las opiniones dentro de la Comisión Arbitral no han sido unánimes. De los siete miembros que componen este organismo, dos firmaron un voto particular discrepante. El Gobierno y la Diputación vizcaína buscaron una solución previa a esta decisión definitiva, pero no la encontraron. Ahora, no hay posibilidad de recurrir la resolución ante un tribunal ordinario, por lo que las diputaciones tienen a partir de ahora vía libre para redactar sus propias normas.