Protección inmediata
La violencia doméstica no sólo no diminuye en España, sino que está adquiriendo los rasgos de un profundo mal social inmune a las terapias de choque que se vienen aplicando. Con Patricia Maurel, candidata del PP a la alcaldia de La Puebla de Híjar (Teruel), que fue acribillada a tiros por su marido, son ya 27 las mujeres que han muerto en lo que va de año en circunstancias de violencia doméstica.
Sin entrar en los motivos del trágico suceso ocurrido en La Puebla de Híjar, que sólo la justicia podrá desvelar, hay un dato común a otros muchos casos: la previa denuncia de la víctima de la situación amenazante en que vive, sin que esa iniciativa logre evitar el trágico desenlace. Patricia Maurel denunció a su marido por malos tratos horas antes de ser asesinada. Tal vez en este caso no hubo tiempo material para adoptar medidas preventivas, pero otras muertes hubieran podido evitarse con una mayor diligencia.
Las mujeres maltratadas saben que su denuncia representa siempre un punto definitivo de ruptura que puede emperorar su situación y precipitar incluso un desenlace dramático. De ahí que cualquier plan de prevención exija garantías de protección inmediata a partir de la denuncia. ése es el punto más débil de los planes de choque puestos en marcha hasta ahora contra la violencia doméstica: la falta de protección efectiva a la víctima. Las medidas cautelares suelen ser mínimas y escandalosamente insuficientes, por lo que el agresor está en condiciones de llevar a la práctica sus designios.
Urge, por ello, poner en marcha cuanto antes la orden de protección inmediata e integral a las mujeres maltratadas, consensuada por todos los grupos parlamentarios a principios de abril y que debería haber entrado en vigor al tiempo que los juicios rápidos. Es responsabilidad del Gobierno no retrasar un día más una disposición que, según las previsiones, facultará a los jueces a adoptar en 72 horas un conjunto de medidas penales y civiles que blinden a la víctima frente a su potencial agresor. La violencia doméstica tiene raíces profundas, pero no deja de ser un síntoma de un cierto abandono de la dimensión social de la politica, que se manifiesta también en la sociedad actual en actitudes como el abandono de los ancianos o la insensiblidad frente a la creciente siniestralidad laboral.
