Puigneró echa el cierre

La histórica textil catalana Hilados y Tejidos Puigneró, SA, puso ayer punto final a sus 47 años de historia. Los trabajadores de la que fuera la principal textil de España decidieron ayer terminar con una agonía de dos años al aprobar un expediente de cierre absoluto e indefinido de la empresa y la rescisión de los contratos a los 500 empleados que componen la actual plantilla.

La inviabilidad de Puigneró, con una deuda de 124,6 millones de euros que la Comisión Europea ha ordenado ejecutar por la acumulación de ayudas a la empresa por parte de las autoridades españolas y catalanas, y el hecho de que la dirección propusiera otro expediente temporal de empleo que afectaba a media plantilla y que no garantizaba el cobro de los sueldos, fue determinante en la opción de echar el cierre definitivo.

Los sindicatos proponen crear una nueva sociedad anónima laboral que, durante los primeros dos años, estaría dirigida por Pere Puntí

Los 500 trabajadores de la empresa acuerdan con la dirección la extinción definitiva de la que fue la mayor firma textil de España

El futuro de la plantilla, o por lo menos para una parte de ella, se esboza ahora en forma de sociedad anónima laboral (SAL), que sería gestionada por los propios empleados. Sin embargo, fuentes sindicales explicaron que a petición de los propios sindicatos el director general de Puigneró, Pere Puntí, estaría dispuesto a asumir el mando de la nueva sociedad durante sus primeros dos años de vida, aprovechando su conocimiento del sector.

Asimismo, los sindicatos acordaron solicitar al Gobierno catalán que no se desentienda de la situación y que participe, al menos con el 25%, en el capital de la nueva entidad. Con la capitalización de las prestaciones por desempleo de los trabajadores "no hay ni para comprar las materias primas", afirmaron fuentes de CC OO. Aunque el Ejecutivo catalán declinó anoche pronunciarse sobre la extinción de Puigneró a la espera de conocer los detalles tras hablar con ambas partes, un portavoz del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo manifestó que la creación de una SAL "no sería una mala idea", ya que por lo menos permitiría "mantener la actividad" fabril en el Lluçanès.

La decisión de rechazar el expediente y optar por el cierre definitivo de la textil se tomó ante la situación de colapso económico de la empresa, situación que reconoció abiertamente el propio Pere Puntí. Los trabajadores no cobran desde el pasado mes de marzo, todavía se les adeuda la paga de Navidad y el incremento salarial para 2003 previsto en el convenio del sector.

Dos opciones

Ante un panorama más que oscuro, los sindicatos plantearon a los empleados reunidos en una asamblea celebrada ayer por la tarde en Sant Bartomeu del Grau (Osona), un dilema. Cerrar, se cerrará. Pero la opción se debatía entre una quiebra inmediata o un cierre ordenado.

La primera opción implicaba dejar de inmediato sus puestos de trabajo, que la empresa no entregara los pedidos aún pendientes de pago y arriesgarse a que la maquinaria se vendiera sin que ellos vieran ni un céntimo.

La segunda posibilidad consistía en continuar trabajando, aun siendo conscientes los empleados de que no van a cobrar, a la espera de la tramitación de extinción de contratos y para finalizar los pedidos pendientes. De esta forma, según los sindicatos, se podría controlar la entrada de líquido y que los trabajadores llegaran a ver parte del dinero que se les debe, aunque ya les alertaron de que no cobrarían todo el dinero pendiente, unos 4.500 euros por persona. Después de una votación secreta, los empleados optaron por seguir trabajando por 331 votos a favor y 141 en contra.

Máxima indemnización

Los sindicatos anunciaron que van a pelear para conseguir la máxima indemnización posible para los 500 empleados que se quedan en la calle, un trámite por el que ya han pasado unos 1.100 trabajadores de los centros de Roda de Ter y Prats de Lluçanès.

Pero se plantea un problema: ya no habrá empresa con la que negociar. Hasta ahora, el dinero de las indemnizaciones había salido de la paulatina caída del coloso Puigneró. La venta de los activos había permitido a la dirección hacer frente a las exigencias de los sindicatos, pero en este caso los representantes de los trabajadores tendrán que lidiar con la comisión liquidadora, formada por los principales acreedores de Puigneró: Hacienda y la Seguridad Social.Los terrenos y las naves que ocupaba Puigneró en Roda de Ter servirán para saldar parte de la deuda con las administraciones públicas. La fábrica de Prats de Lluçanès queda en manos del Incasol. Su única posibilidad son los terrenos, las naves y la maquinaria de Sant Bartomeu, sobre los que pesan numerosas hipotecas. Pero cualquier operación está a la espera del alzamiento definitivo de la suspensión de pagos, inminente.

Pese a que el cierre de Puigneró era una muerte anunciada, los poco más de 1.100 habitantes de Sant Bartomeu del Grau no dejan de ver con preocupación que la única fuente de riqueza del pueblo se vaya a pique. De los 500 trabajadores de Puigneró, unas 150 personas viven en Sant Bartomeu. Si se tienen en cuenta las familias, más de la mitad del pueblo está afectado por este cierre. Ayer, a la pregunta de "¿ahora qué vais a hacer?", muchos trabajadores contestaron con resignación "Irnos del pueblo. ¿Que otra opción nos queda? Esto se va a convertir en una zona de segundas residencias o una ciudad dormitorio".

Ante esta situación, los sindicatos destacan la urgencia de crear nuevos puestos de trabajo y han lanzado una propuesta a los trabajadores de Puigneró. De ahí su implicación en crear la mencionada sociedad anónima laboral (SAL). El proyecto lo puso encima de la mesa el actual director general de Puigneró, Pere Puntí, que durante su etapa al frente de la menguada compañía ha hecho acopio de un profundo conocimiento del mercado, los clientes y también posibles inversores. Después de estudiarlo, los sindicatos creen que es viable siempre que haya unos 300 trabajadores que estén dispuestos a empezar de nuevo, entre los cuales los máximos encargados del funcionamiento de Puigneró, y a aportar capital.

CC OO y UGT tienen previsto abordar esta propuesta a partir de la semana que viene, por lo que han convocado a los trabajadores a celebrar una reunión informativa en Sant Bartomeu del Grau.

Otro atisbo de esperanza es la mesa de reindustrialización del Lluçanès, un organismo creado hace unos meses -después del cierre de la fábrica de Prats- que trabaja para encontrar empresas dispuestas a establecerse en esta comarca y crear puestos de trabajo. Por ahora, dos empresas de nueva creación han acordado que ocuparán parte del espacio de las naves de Puigneró en Prats.