1.570.000 inmigrantes como argumento electoral

Desde que gobierna el PP, el número de ciudadanos extranjeros que han llegado a España, de forma regular o sin papeles, en busca de oportunidades ha pasado de 538.984 a 1.572.017, lo que supone un aumento del 291%. Los inmigrantes y su integración en la sociedad se han convertido en uno de los caballos de batalla electoral de cara a los próximos comicios del 25-M. Tan es así que 48 horas antes de las votaciones el Consejo de Ministros aprobará el envío al Parlamento de la tercera reforma de la Ley de Extranjería.

Andalucía se ha convertido ahora en uno de los destinos predilectos de los inmigrantes, atraídos sobre todo por la demanda de mano de obra en la agricultura, el turismo y el empleo doméstico. Sin embargo, se da la paradoja de que perviven islotes de emigrantes en municipios de Cádiz, Sevilla y Jaén, que exportan jornaleros para la vendimia francesa, en una comunidad donde la cifra de inmigrantes crece a un ritmo notable: de 78.993 empadronados en 2001 se pasó a 141.604 en 2002.

El mapa andaluz de la inmigración es también una sucesión de islas. En algunos municipios el porcentaje de inmigrantes ronda el 20% de su población, como en El Ejido, Roquetas de Mar y Níjar, en Almería.

La proporción de inmigrantes es paralela a la riqueza de los municipios. El 61,86% de los empadronados residen en las provincias de Málaga (50.102 inmigrantes) y de Almería (37.504). En Huelva y Jaén proliferan los asentamientos chabolistas durante la campaña agrícola, a pesar de que los empresarios recurren cada vez más a inmigrantes contratados en origen, sobre todo Polonia y Rumania, a los que aseguran el alojamiento. Para la actual campaña fresera han llegado 12.000 trabajadores, en su mayoría mujeres.

Andalucía es también la puerta de entrada del tráfico clandestino de pateras que proceden del norte de Marruecos. Esto convierte a las poblaciones del litoral gaditano en zonas con unas especiales necesidades de acogida inmediata de extranjeros, que a menudo llegan con heridas o en condiciones extremas.

En su informe de 2002, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía menciona 152 muertes o desapariciones, que incluyen también las ocurridas en Canarias, y asegura que "con la actual política de cierre de fronteras, muchos más seguirán perdiendo" la vida. Las ONG del Campo de Gibraltar reclaman un centro de acogida para los extranjeros, que ahora son internados en el antiguo acuartelamiento de la isla de las Palomas.

En los municipios de destino, como los del poniente de Almería, la principal carencia es la falta de alojamiento. Los alcaldes de la zona, entre ellos el de El Ejido, Juan Enciso (PP), han rechazado facilitar suelo para construir alojamientos, a pesar de las ayudas públicas fijadas en un decreto consensuado entre la Junta y el Gobierno tras los ataques contra inmigrantes ocurridos en la localidad en febrero de 2000.

El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, también echa en falta iniciativas que incentiven "la integración espontánea" entre los inmigrantes y las poblaciones receptoras, aunque destaca el "buen esfuerzo" de la Junta de Andalucía en materia de educación y sanidad.

En Madrid están empadronados unos 530.000 inmigrantes, la mayoría de ellos latinoamericanos. Eso supone que uno de cada diez habitantes de la región procede de otros países, sobre todo de Ecuador, Colombia, Marruecos, Rumanía, Perú y República Dominicana. La mitad de estos trabajadores extranjeros están en situación irregular, es decir que carecen de permiso de residencia en España.

Pero la población inmigrante no está repartida de forma homogénea en toda la región. Siete de cada diez viven en la capital, especialmente en el distrito de Centro, donde una cuarta parte de la población es extranjera; en Tetuán (17%), Carabanchel (14%) y Arganzuela (14%). Hay colegios de primaria, sobre todo en el distrito Centro, donde el 90% de los escolares son inmigrantes.

La falta de papeles, el hacinamiento debido a la escasez de pisos de alquiler y a sus elevados precios y la explotación laboral son algunos de los principales problemas de estos trabajadores extranjeros. El Gobierno regional ha puesto en marcha un Plan de Inmigración, que, entre otras medidas, incluye la apertura de 19 centros de atención social para extranjeros. A ellos acuden los inmigrantes -siempre derivados desde los servicios sociales, no por su cuenta- para recibir atención jurídica y asesoramiento en temas sociales, laborales, educativos, de vivienda... Cada uno de estos centros dispone de 15 plazas de acogida en pisos y pensiones.

El plan incluye también algunas medidas para atender a los menores inmigrantes, la mayoría marroquíes, que llegan solos a Madrid, con gran riesgo de caer en la marginación social.

Los residentes extranjeros en la Comunidad Valenciana son 217.673, un 4,8% de la población total. En 1996 eran sólo 14.776 personas, un 0,37% de la población. Este crecimiento ha situado a la Comunidad Valenciana en cinco años en la media europea (5% de población inmigrante).

De forma paralela, las entradas de extranjeros se han multiplicado por 7,5 en cuatro años al pasar de 10.481 en 1998 a 78.050 en 2001. Hace dos años, la Comunidad Valenciana superó a Cataluña como segunda autonomía más receptora de ciudadanos nacidos fuera de España, por detrás de Madrid (134.909) y por delante de Cataluña (46.320).

Pese a que la comunidad de ciudadanos de la Unión Europea sigue siendo la más fuerte, la principal llegada de extranjeros corresponde a los procedentes de países en desarrollo.

El incremento de extranjeros ha ido acompañado de incidentes, principalmente en el sur de la Comunidad Valenciana. En julio del año pasado, el incendio intencionado de una vivienda ocupada por argelinos en Novelda hizo saltar las alarmas.

En esta misma zona, el alcalde de Almoradí, Antonio Ángel Hurtado (PP), presionó a finales del pasado febrero a las inmobiliarias de esta localidad, de unos 14.000 habitantes, para que no vendieran casas a "gitanos y moros". Hurtado admitió que se reunió con cinco agentes inmobiliarios, pero matizó que sólo les aconsejó que no vendieran casas a "miembros de mafias organizadas o a delincuentes", como modo de evitar incidentes. El PP obligó al alcalde a rectificar, si bien le mantuvo en el cargo.

Este reportaje ha sido elaborado con información facilitada por Tereixa Constenla, Begoña Aguirre y Jaime Prats