Una lupa sobre la gestión urbanística del PA
El futuro de Tablada y las críticas a los andalucistas por el planeamiento de la ciudad, claves de la campaña de Sevilla
La campaña electoral ha puesto en el ojo del huracán la gestión urbanística del Partido Andalucista (PA) en Sevilla, una competencia que se ha reservado con celo en los últimos 12 años con tres alcaldes de diferente color político. En este tiempo, las sospechas se han centrado en determinadas recalificaciones de terrenos, que, supuestamente, han beneficiado a empresarios situados en la órbita del PA. En la campaña, el primero en arremeter contra el "urbanismo sospechoso", sin citar al PA, fue el alcalde y candidato socialista, Alfredo Sánchez Monteseirín. Y siguió IU, que pidió "un pacto social y político frente a la especulación", que identificó con el PA.
Un PA que ha preferido hacer oídos sordos a estas acusaciones y que se ha limitado a lanzar la advertencia de que ya llegará el lunes poselectoral, convencido de que una vez más tendrá la llave del gobierno municipal. Su candidato, José Núñez, que fue delegado de Urbanismo desde 1991 a 1994, Núñez ha replicado pidiendo que se prueben pruebas contra alguna actuación suya.
La mayoría de las sospechas urbanísticas se concentran en el bienio 1998-1999, cuando expiraba el gobierno de coalición PP-PA en el Ayuntamiento. En esa época, la Gerencia de Urbanismo firmó varias recalificaciones de suelo industrial a residencial que beneficiaron a un puñado de empresas. Entre otras recalificaciones, están las de los terrenos de Uralita, los de Coca-Cola o Landis.
Una de las claves para entender por qué se recrudece y airea ahora esta polémica, cuando desde hace tiempo se viene hablando en voz baja de las supuestas irregularidades en el urbanismo, es que, en los próximos cuatros años, Sevilla va a definir qué modelo de ciudad quiere para el siglo XXI. El futuro gobierno tiene que aprobar y poner en marcha el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla, el documento que definirá cómo y por dónde va a crecer la ciudad.
Y en la mente de todos está Tablada, una bolsa de suelo rústico de 386 hectáreas en la que las posiciones se han polarizado: PSOE e IU se han comprometido a construir un gigantesco parque equipado, mientras que el PP cree que en esa zona cabe todo, incluido viviendas. El PA se ha posicionado en favor del parque en el Ayuntamiento, aunque socialistas e IU mantienen incertidumbres sobre las intenciones futuras de los andalucistas.
Los socialistas entienden que determinados poderes fácticos de la ciudad están promoviendo un acercamiento entre el PP y el PA para el futuro gobierno municipal, y que la base de este pacto sería Tablada, que en el avance del PGOU está calificado como zona verde. "Tablada es la madre de todo", destaca un dirigente socialista. Populares y andalucistas niegan que tengan perfilado un pacto para los próximos cuatro años. "El que nos puede acercar es Monteseirín con sus críticas al PA", afirma un dirigente del PP.
En este momento, Tablada es propiedad de un grupo de empresas, que compraron el terreno a las cajas de Sevilla, El Monte y San Fernando, por unos 83 millones de euros. Previamente, las cajas habían pagado 30 millones, en una subasta, por este suelo, que era del Ministerio de Defensa. Esto se produjo en la etapa en que los anteriores presidentes de las entidades (Isidoro Beneroso y Juan Manuel López Benjumea) se embarcaron en diferentes operaciones inmobiliarias, por lo que fueron amonestados por el Banco de España.
Los actuales propietarios de Tablada están haciendo todo lo posible para cambiar la voluntad del actual equipo municipal sobre este terreno, para lo que no han dudado en contratar a prestigiosos arquitectos y presentar sus proyectos como una panacea para determinados problemas de la ciudad, como la vivienda.
"En estos momentos nos estamos jugando que la ciudad siga en manos de un grupo de empresas para que se enriquezcan u orientar el urbanismo", afirma un dirigente de IU. En esta idea de orientar el urbanismo coincide un promotor inmobiliario, que prefiere guardar el anonimato. "La mayoría de las empresas tiene un sabor amargo con la gestión del PA. Lo que queremos es transparencia y seguridad jurídica", asegura un destacado promotor.
