Clos multa al Ministerio de Defensa y le exige desalojar los cuarteles de Sant Andreu

Nadie sabe cuántos inmigrantes sobreviven en penosas condiciones en los cuarteles de Sant Andreu. Se calcula que más de 300. Pero lo que sí está claro es que sus días allí están contados. Ayer el Ayuntamiento de Barcelona exigió al Ministerio de Defensa, en su calidad de propietario de las instalaciones, que las desaloje y le multó por segunda vez por "incumplimiento reiterado de los requerimientos de limpieza". El portavoz del consistorio, Ernest Maragall, acusó al Gobierno del PP de ejercer "una política activa contra Barcelona". La Delegación del Gobierno respondió que el desalojo está en manos de la Justicia.

El alcalde de Barcelona, Joan Clos, exigió ayer por carta a la delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García Valdecasas, el desalojo inmediato de los cuarteles de Sant Andreu, al tiempo que el portavoz del gobierno local y concejal de Presidencia y Hacienda, Ernest Maragall, denunció la "agresión institucional" del Gobierno central hacia Barcelona por su desinterés sobre la sensación de alarma e inseguridad que se vive en el barrio de Sant Andreu. Más de 300 personas entre inmigrantes y okupas malviven en los cuarteles rodeadas de basura y en condiciones de absoluta insalubridad, de modo que esta ocupación masiva está causando cada vez más tensión en el barrio, hasta el punto de que el pasado sábado un grupo de vecinos boicoteó un acto electoral del alcalde y candidato, Joan Clos.

El Ayuntamiento ha sancionado por segunda vez al ministerio como propietario de las instalaciones, por el "incumplimiento reiterado de los requerimientos de limpieza" de los dos cuarteles, el de la Artillería y el de la Maestranza, situados en el paseo de Torres i Bages, de unos 100.000 metros cuadrados. El problema reside en que hay un convenio de intenciones de compra por parte del Ayuntamiento de uno de los cuarteles para destinarlo a equipamientos, pero con la condición de que esté libre de ocupantes. El otro cuartel, en cambio, está vinculado a la reforma de la zona por la llegada del AVE a la Sagrera.

Ayer, la Delegación del Gobierno desmintió las acusaciones del Ayuntamiento y recordó que Defensa ha acudido varias veces a los tribunales para pedir el desalojo de los cuarteles por la vía penal, pero éstos lo desestimaron. La última iniciativa de Defensa, presentada la semana pasada, ha sido instar el desahucio de los ocupantes por la vía civil.Técnicos de la Cruz Roja iniciaron ayer las entrevistas con los inmigrantes sin papeles

que viven en los antiguos cuarteles de Sant Andreu, como primer paso del operativo para realojar a quienes estén en situación de mayor vulnerabilidad. La tarea principal de esta organización es informar, orientar y derivar hacia los servicios sociales a los más necesitados, un proceso que puede durar semanas porque es lento y muy detallado.

En los cuarteles, la noticia sobre el requerimiento para ser desalojados no sorprendió ayer a nadie. La razón es que vivir en condiciones tercermundistas en una ciudad como Barcelona sumerge a cualquiera en el desánimo.

La situación de insalubridad, agravada por las temperaturas de los últimos días, es apabullante. A la entrada de uno de los cuarteles, un profundo hedor a basura y heces golpea la cara del visitante, que queda pasmado en la entrada de acceso del inmenso patio militar ante los cientos de bolsas de basura tiradas por el suelo y colgadas de los árboles. Sólo al cruzar la puerta del paseo de Torras i Bages, una nube de moscas recibe a los habitantes de las instalaciones. "Pues si aquí no, a otro sitio iremos", chapurrea en un escaso castellano Taye Byahiaoui, un argelino de 35 años que malvive en los cuarteles desde hace ocho meses. "Trabajo, poco", prosigue Byahiaoui, quien se gana unos euros vendiendo en el mercado de los Encantes

cosas que se encuentra en la basura.

Sin agua, con la luz puenteada y dos macetas algo resecas que intentan alegrar la ventana, Rachid Bradi, de 26 años y también argelino, no se sorprende al ser informado de que se ha pedido su desalojo. Bradi se expresa en italiano, que aprendió cuando vivía en Turín antes de decidir acudir a Barcelona "para intentar conseguir documentación y trabajar". Cuenta que antes se buscaba la vida arreglando televisores, pero que hoy no tiene trabajo con el que sobrevivir. "Me iré con mis otros dos amigos, y ya encontraremos otro sitio", explica fríamente y encogiéndose de hombros. Bradi no ha hablado con la Cruz Roja y no sabe si lo hará. El Gobierno catalán encargó en abril a la Cruz Roja que estableciera un dispositivo para proporcionar alojamiento y prestaciones básicas a los inmigrantes extracomunitarios que viven en el recinto, el 80% de los cuales son varones y viven solos.

Informe para la ONU

El Observatorio de Derechos Humanos Desc, de carácter internacional, ha remitido un informe sobre los cuarteles de Sant Andreu al relator de vivienda de la ONU, Miloon Kothari, que los visitó el pasado noviembre. El estudio indica que la situación de los inmigrantes y okupas que allí malviven no es más que un reflejo "del fracaso de las políticas públicas de vivienda e inmigración de la ciudad", por lo que se "constata la necesidad, más allá de la problemática de la cuestión, de medidas urgentes por parte de las administraciones".

El informe subraya que desde las primeras ocupaciones, que datan de 1997, ni el Ayuntamiento, ni la Generalitat, ni la Delegación del Gobierno han actuado en el saneamiento de las instalaciones, la recogida de basuras o la atención social de emergencia. El Observatorio Desc concluye que la renovación urbana de Barcelona está ocasionado la expulsión de los sectores más desfavorecidos: los jóvenes, los ancianos y los inmigrantes.